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Fiscal Martínez explicó que en el tiempo que lleva al frente de la entidad han sido procesadas 2.200 personas por corrupción.
El fiscal General de Nación, Néstor Humberto Martínez, entregó este lunes un balance de lucha contra la corrupción, luego de un año y medio al frente del ente acusador, en el que destacó la incautación de bienes a los sospechosos por $10,7 billones.
Martínez explicó que en el tiempo que lleva al frente de la entidad han sido procesadas 2.200 personas por corrupción, sospechosas de haber comprometido unos $4 billones del presupuesto público. También destacó que la confianza de los ciudadanos en las instituciones ha generado que el delito que más creció en cuanto a investigaciones en 2017 sean los relacionados con corrupción.
El funcionario manifestó que este trabajo se ha logrado con el compromiso de 100 fiscales anticorrupción y auditores forenses, sin embargo, explicó que se necesitan más jueces para atacar este flagelo, solo citando uno de los casos más conocido, destacó que en el proceso de Interbolsa se han demorado 33 meses en audiencias preparatorias.
El fiscal también enfatizó que se necesitan penas menos benévolas para los corruptos, los cuales por solicitar sobornos podrían pagar entre 6 y 12 años, pero por aceptar cargos se rebaja a la mitad la pena, más lo que se les da por buen comportamiento, en menos de dos años podrían regresar a la libertad.
Martínez trajo a colación el caso del exviceministro de Transporte Gabriel García, quien fue condenado a cinco años de cárcel a pesar de haber recibido varios millones de dólares en sobornos.
El jefe del ente acusador también fue crítico de la forma como se otorgan los principios de oportunidad, ya que “no se puede dar sin que el beneficiario por la delación reintegre al patrimonio del Estado los recursos que se apropió indebidamente. Ese debe ser un principio mayúsculo”.
El pronunciamiento se dio durante su intervención en el conversatorio ‘La Corrupción en Colombia’, que organizó la Universidad Externado, en el que también hicieron presencia la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, el contralor Edgardo Maya y el procurador Fernando Carrillo
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