Fiscalía, Contraloría y Procuraduría anuncian comisiones para investigar el caso

A las medidas anunciadas ayer por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, de crear comités de alto nivel para velar por la ejecución de los contratos del Ejército Nacional y comisiones de expertos externos que verifiquen su calidad, se sumaron la Procuraduría General y la Fiscalía.

Ambas abrirán investigaciones a raíz de las revelaciones de corrupción hechas por Revista Semana.

El procurador, Alejandro Ordóñez, dijo que se hará seguimiento a las denuncias sobre conductas irregulares de altos oficiales en materia contractual, y señaló en un comunicado que emprenderá estas acciones “ante la gravedad que podrían acarrear los hechos denunciados”.

De hecho, Ordóñez recordó previamente que al Ministerio Público “le corresponde investigar cualquier circunstancia que pueda afectar el deber funcional de los empleados públicos”.

Actualmente en la entidad de control cursan más de 40 investigaciones a oficiales y suboficiales del Ejército que manejaron recursos de contratación, todas bajo reserva.

Los procesos activos no tienen una antigüedad superior a cinco años, plazo en el que estos delitos prescriben.

La Contraloría, por su parte, se prepara para activar una unidad especial que verifique los procesos de contratación en esta fuerza armada, luego de que el Ministerio de Defensa le solicitara hacer la intervención y aclarar de una vez por todas si existe o no un detrimento de los recursos. Esta delegatura, cuya creación no se ha anunciado oficialmente, haría parte de los comités prometidos por Pinzón.

Así mismo la Fiscalía, por orden de Eduardo Montealegre, creará una comisión que tendrá como misión especial la recolección de pruebas y la realización de entrevistas a los militares señalados de participar y tener conocimiento de las presuntas irregularidades en contratación.

El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo explicó que al tema se le ha hecho seguimiento desde los últimos meses. “La información que se conoció en los medios de comunicación surgió de un proceso por ‘falsos positivos’ que lleva en Medellín un fiscal de derechos humanos”.

Explicó además, sobre el proceso que “de ahí surgieron seis meses de interceptaciones telefónicas que en su momento fueron compulsadas a la comisión de acusaciones de la Cámara. Inmediatamente tuvimos conocimiento sobre ellas, creamos una comisión integrada por dos fiscales anticorrupción, analistas de la Unidad de Análisis y Contexto y un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que allí se mencionan aforados constitucionales, como generales”. En la rueda de prensa del Ministerio de Defensa, Perdomo dijo que hay que esperar que en las próximas semanas se entreguen resultados al respecto, en una situación que se encuentra permeada por la corrupción.

La metodología
La Fiscalía, encargada de esta investigación, ha adoptado una metodología exhaustiva a fin de identificar, por ejemplo, de qué tipo de contratación se trató.

Debido a que en los audios se mencionan varios nombres, el ente investigativo se encuentra analizando la información para saber con exactitud quiénes fueron las personas que intervinieron, y así poder llamarlos a interrogatorio.

“Creo que esas declaraciones que se han conocido son desafortunadas e inaceptables. Aquí no se trata de un insulto a la Fiscalía o a un funcionario en específico de la entidad, sino que se quiere poner en entredicho la majestad de la justicia”, indicó el vicefiscal.

Sin embargo, varias voces se han pronunciado para cuestionar una evidente laxitud en los procesos de contratación, lo que permite que actores con intereses de por medio se beneficien, bajo la máscara de que se trata de recursos públicos reservados y por tanto no están obligados a reportar cada movimiento.