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Medidas del Decreto 1414 de 2026
La norma permite destinar al menos 30% de los saldos disponibles a proyectos de la emergencia y amplía el uso del anticipo de 5% de los municipios productores
El Departamento Nacional de Planeación, DNP, expidió el Decreto 1414 del 17 de 2026, en el marco de la emergencia económica por el terremoto, con el que permite que los departamentos y municipios afectados usen recursos del Sistema General de Regalías, SGR, para atender la crisis. Con la norma, podrán destinar al menos 30% de sus saldos disponibles a proyectos de la emergencia, usar el anticipo de 5% de los municipios productores en esos mismos proyectos Y prescindir temporalmente de un paso del trámite de aprobación de proyectos regionales.
Teniendo en cuenta que las medidas aplican en los 16 departamentos cubiertos por la emergencia y en los municipios incluidos en los reportes de la Ungrd o que demuestren afectación por el sismo, solo serán aplicables en proyectos que busquen atender la emergencia o mitigar sus efectos, los cuales deberán radicarse por los aplicativos del DNP bajo la marca "Emergencia 2026". Cabe aclarar que el decreto no incluye montos ni crea recursos nuevos, solo cambia las reglas para usar las regalías.
En primer lugar, la norma permite que las entidades territoriales afectadas destinen al menos 30% de los saldos disponibles de tres asignaciones a proyectos de la emergencia: las Asignaciones Directas, que reciben los territorios donde se explotan recursos naturales no renovables y los municipios con puertos por donde se transportan; la Asignación para la Inversión Local, dirigida a los municipios más pobres; y la Asignación para la Inversión Regional del 60% en cabeza de los departamentos.
A su vez, amplía el uso del anticipo de 5%, de tal forma que los municipios productores y afectados por el sismo podrán pactar con las empresas que exploran recursos naturales no renovables en su territorio un adelanto de hasta 5% de lo que les corresponde por Asignaciones Directas. Sin embargo, la destinación solo podrá efectuarse para proyectos de agua potable, saneamiento básico, vivienda, vías terciarias, energías renovables, electrificación rural y conectividad.
Por otra parte, el decreto suspende un paso del trámite de los proyectos de la Asignación para la Inversión Regional en cabeza de las regiones. Hoy, antes de que un Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Ocad, decida, el DNP y un miembro de la entidad territorial designado deben priorizarlos con los criterios del artículo 35 de la Ley 2056 de 2020. No obstante, a partir de la fecha, esa priorización y esos criterios se suspenden y la decisión queda en manos del propio Ocad Regional, que deberá exigir que el proyecto busque enfrentar los hechos que originaron la emergencia o mitigar sus efectos.
En línea con esto, el DNP calculó que el proceso completo tomará 34 días (12 para el concepto técnico sectorial, cinco para la priorización, siete para citar a sesión y 10 para elaborar el acta y expedir el acuerdo de aprobación), pues argumentó que los requisitos de cada etapa impiden a las entidades gestionar proyectos "con la inmediatez necesaria para atender la actual situación de crisis". Para ello, la entidad tendrá máximo 30 días para definir los términos y condiciones de los trámites de estos proyectos regionales.
Por último, en ciencia y tecnología, el decreto autoriza al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con el DNP, a ajustar el plan de convocatorias 2025-2026 de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTeI, que equivale a 10% de las regalías, para abrir una o más convocatorias sobre las necesidades que dejó el terremoto. Los términos de referencia deberán publicarse dentro de los 20 días siguientes y los proyectos podrán no haber estado incluidos en las demandas territoriales ni en el plan de convocatorias anteriores. Asimismo, tendrán que mantener "el carácter público, abierto y competitivo".
El documento estipula que estas iniciativas deberán enmarcarse en cinco líneas, entre las que se encuentran gestión anticipada del riesgo; reconstrucción sostenible y segura; protección de la vida y recuperación social; empresas de base científica y tecnológica y spin-offs para la recuperación productiva; y recuperación de las capacidades científicas de los territorios. Además, las medidas para recuperar colecciones científicas, bancos biológicos, sistemas de información o redes de monitoreo solo aplicarán si la afectación por el sismo está técnicamente documentada.
La norma aclara que el fin de la emergencia no frena las convocatorias abiertas mientras estuvo vigente ni los proyectos que ya están en trámite. Sin embargo, los proyectos de las convocatorias de CTeI "deberán ser aprobados antes de la finalización del presente bienio", que cierra el 31 de diciembre de 2026.
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