Fallo judicial del Tribunal no frena las seis obras de Episol y CSS Cosntructores

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a varios de los implicados en el proyecto de Ruta del Sol II por cometer actos de corrupción en la licitación del proyecto, los cuales condujeron al atraso de las obras. Hasta este año, Invías volvió a adjudicar los cinco tramos de este sector.

El Tribunal condenó a las sociedades que hacían parte del consorcio del proyecto, es decir a la Concesionaria Ruta del Sol; Constructora Norberto Odebrecht; Odebrecht Latinvest Colombia; Estudios y Proyectos del Sol (Episol), que es filial de Corficolombiana, y CSS Constructores a pagarle a la Nación $800.156 millones.

Esta misma condena cobijó al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, al expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, a Otto Bula y a los exdirectivos de Odebrecht en Colombia Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares. Además, no podrán celebrar contratos con entidades estatales colombianas ni ejercer cargos públicos.

Si bien estas empresas no podrán contratar con el Estado, es importante mencionar que LR conoció que esta sanción no afectará los proyectos en los que estas firmas actualmente participan, sino que es a futuro. Una fuente que pidió no ser revelada manifestó que los contratos vigentes no tendrían que cambiar a menos que las empresas incurran en retrasos o inhabilidades específicas para cada proyecto que tengan que ceder sus participaciones en estas obras.

De las empresas sancionadas, CSS tiene participación en dos proyectos con el Estado. Uno de ellos es la vía Pamplona - Bucaramanga, cuyo contrato total asciende a $1,71 billones, y el otro es la terminación de 12% del Túnel de La Línea y la segunda calzada Calarcá - Cajamarca. El valor total de este contrato es $233.408 millones.

Episol también cuenta con cuatro contratos vigentes con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), pues tiene participaciones en la IP Chirajara - Villavicencio, en la vía Villavicencio - Yopal, en la Autopista Conexión Pacífico 1 y en la vía Loboguerrero - Mulaló.

Aunque no estén inhabilitadas para sus proyectos actuales, Raúl Ávila, experto en empresas y profesor de la Universidad Nacional, considera que el hecho de que estas empresas no puedan contratar con el Estado tendrá un gran impacto, pues sus portafolios se centran en grandes proyectos con este y posiblemente no les resultará fácil cambiar de mercado, lo que pondría a las compañías en una posición muy difícil de cara a su futuro.

“Son ejecutores y consorcios que se dedican a hacer el desarrollo de grandes obras civiles, la estructura de su negocio no está dirigida a construir inmuebles, así es que es muy difícil que en el corto plazo cambien su perfil”, explicó.

Hasta el momento, dos de las empresas involucradas ya se pronunciaron: Odebrecht y Episol, y en los comunicados emitidos, se mostraron en desacuerdo con la decisión y dijeron que apelarán la decisión.