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Ministro e Salud, Guillermo Jaramillo
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Exfuncionalrios destacaron las deficiencias del proyecto de reforma y señalaron que no cumplió con los mínimos constitucionales
Por medio de una carta, un grupo de exministros y viceministros de Salud en Colombia se dirigieron al actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, en respuesta al reciente hundimiento del proyecto de reforma a la salud propuesto por el Gobierno nacional en el Congreso de la República.
Los exfuncionarios destacaron las deficiencias del proyecto de reforma y señalaron que no cumplió con los mínimos constitucionales para abordar de manera efectiva los problemas estructurales del sistema de salud colombiano. En este documento, hicieron un llamado a la concertación nacional para evaluar el sistema de salud actual en el país y cuestionaron la intervención de la Supersalud a Sanitas y Nueva EPS.
Además, los remitentes plantearon sus preocupaciones referentes al sistema en general, que según dijeron, se encuentra en un posible colapso, debido al manejo que le ha dado el Gobierno Nacional, como los problemas estructurales de financiamiento que enfrenta. “Como lo hemos dicho en diferentes oportunidades, no se trata de quién tiene la razón y mucho menos de quién impone su razón; se trata de encontrar entre todos los consensos que nos convenga a los colombianos y renovemos así el contrato social por la salud del país. Señor ministro, quedamos atentos a su respuesta”, se lee en la carta.
En el documento, señalan que “para lograr respuestas legítimas y consensuadas requerimos del gobierno nacional, el congreso de la República, los sectores académicos, los centros de pensamiento, los investigadores y expertos, los usuarios y pacientes, los aseguradores, las instituciones prestadoras de servicios de salud, los profesionales de salud y el sector farmacéutico, entre otros”.
Según los firmantes de la carta, el destino final que tuvo el proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno nacional era previsible, debido a que no cumplió con los mínimos constitucionales para reformar un sistema que regula y protege el derecho fundamental a la salud.
“En este orden, no contó con un plan claro a corto, mediano y largo plazo, con objetivos precisos, metas definidas y recursos determinados; tampoco reconoció los avances adquiridos por los ciudadanos en el goce efectivo del derecho a la salud en estos últimos 30 años, ni presentó la manera como se les protegerían; el aval fiscal de Minhacienda para sus desarrollo y sostenibilidad no se recibió; la transición para proteger usuarios y pacientes nunca fue clara y, por último, no tuvo una participación ciudadana amplia y efectiva, a la que se le reconociera incidencia en la propuesta, para su proyección, deliberación y decisión”.
De acuerdo con los exministros, no fue un proyecto de reforma pensado en el bienestar de los usuarios y pacientes. “Fue un empeño por cambiar la institucionalidad y eliminar entidades para crear otras en la vía de estatizar la estructura y operación del sistema”.
En la carta dicen que “este desafortunado proceso”, que determinó discusiones estériles por más de un año, no ha traído nada bueno para el sistema de salud y la sociedad colombiana.
Sobre las intervenciones realizadas por la Supersalud sobre Sanitas y Nueva EPS, los exministos manifestaron que tampoco fueron decisiones acertadas. Criticaron las intervenciones recientes efectuadas por la Superintendencia de Salud sobre algunas Entidades Promotoras de Salud, como en el caso de Sanitas y Nueva EPS, calificándolas como “decisiones improvisadas” que han agravado la inminencia del colapso del sistema de salud. Por ello, resaltaron la necesidad urgente de liquidez del sistema, así como la importancia de abordar los desafíos actuales y futuros del sistema de salud de manera integral y colaborativa.
“Por el contrario, agravaron la inminencia del colapso. Además, fueron decisiones improvisadas, sin pensar en los usuarios y pacientes, carentes de técnica y eventualmente antijurídicas”, dice la carta. También, resaltaron la necesidad urgente de liquidez del sistema, así como la importancia de abordar los desafíos actuales y futuros del sistema de salud de manera integral y colaborativa.
“La situación hoy es que 25 millones de colombianos se encuentran bajo la responsabilidad directa del Gobierno nacional por su seguridad social en salud. Los colombianos le exigimos al gobierno una efectiva acción para la protección de la salud de los usuarios y pacientes de esas EPS intervenidas”, se leyó en el documento.
Por otra parte, hicieron algunas propuestas al ministro Jaramillo con las que pretenden llegar a respuesta ante diversas dudas sobre cómo el gobierno sacará a flote el sistema actual del país. Entre ellas está la realización de una mesa de concertación nacional.
“El sistema de salud necesita liquidez de manera urgente, porque la desfinanciación afecta toda su cadena de valor hasta el prestador y lesiona la oportunidad en el acceso de usuarios y pacientes a los servicios y a las prestaciones, así como la calidad”, dice en el documento.
Según los exfuncionarios, para lograr un sistema sostenible y reglas de juego claras, se requiere una amplia mesa de concertación sobre las acciones que se deben adoptar como sociedad y como sector para mejorar la oportunidad en el acceso a los servicios de salud para usuarios y pacientes, y para cerrar la brecha que existe entre las zonas rurales y las ciudades en materia de salud.
Entre las firmas dentro del documento están las de los exministros Alejandro Gaviria, Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Gabriel Rivero Dueñas, Diego Palacio Betancourt, Beatriz Londoño Soto, Fernando Ruiz Gómez, entre otros.
Cabe resaltar que,La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, respondió recientemente a la investigación que anunció la Fiscalía con el fin de investigar si se incurrió en presuntos actos de corrupción en la destinación de recursos públicos a las EPS por medio de la Unidad de Pagos por Capitación (UPC).
En un documento, Acemi explicó que “el pasado 19 de febrero la Contraloría General de la República (CGR) publicó un documento denominado ‘Situación Financiera de 26 EPS con las IPS y proveedores de la red de prestadores de servicios con corte a octubre 31 de 2023’, que da cuenta de un presunto incumplimiento de los indicadores financieros de las EPS, específicamente en reservas técnicas, patrimonio y margen de solvencia. Tres días después, el Gremio remitió a la Contraloría sus observaciones solicitando la revisión de la metodología empleada en tal análisis, a fin de asegurar la consistencia en la evaluación que se realiza a las EPS por parte de las entidades de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia Nacional de Salud y la CGR”.
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