Exministros de salud expusieron los riesgos de la reforma que cursa en el Congreso

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En medio de la discusión de la reforma a la salud, se conoció una carta firmada por exministros y ex viceministros de salud sobre los riesgos del proyecto de ley para los colombianos.

Entre los firmantes están los exministros Jaime Arias, Augusto Galán, Gabriel Riveros, Beatriz Londoño, Fernando Ruiz y Alejandro Gaviria.

"La salud de cada colombiano trasciende cualquier interés político o promesa de un gobierno. Hemos intentado, con claridad y rigor técnico, comunicar nuestras preocupaciones ante el proyecto de reforma 339 de 2023 y ante el deterioro acelerado que presenta nuestro sistema de salud en el último año. Nuestras voces han sido ignoradas", inicia el texto.

Entre los peros que ven, señalaron que la reforma incumple mínimos constitucionales; dificulta el acceso a los servicios y no atiende la calidad; elimina la libre elección; desaparece el aseguramiento; se arriesga la gestión financiera, entre otros.

En concreto, se indicó que enfoque debe estar en la humanización de los servicios y en los pacientes. Se hacen, entonces, preguntas como ¿podrá el Centro de Atención Primaria en Salud (CAP), que propone el Gobierno Nacional, gestionar y asegurar la continuidad de esos tratamientos vitales? ¿Cómo responderá el Estado cuando la Adres se vea sobrepasada por la gestión de millones de facturas anuales, y los retrasos en los pagos amenacen la sostenibilidad de nuestros hospitales? ¿Y qué pasará con el medio millón de colombianos que enfrenta algún tipo de cáncer u otra enfermedad grave y que lucha día a día junto a médicos y enfermeras para salvar sus vidas?

"Los pacientes y usuarios no han sido el centro de atención de esta reforma, tampoco han sido tenidos en cuenta en sus necesidades ni en sus propuestas y preocupaciones", se lee en el documento.

Una de las críticas que hacen los exfuncionarios es que la mayoría de representantes a la Cámara han aprobado artículos en bloque, "sin mayor análisis, sin discusiones basadas en la evidencia técnica y científica, sin escuchar y atender a las voces expertas que se han manifestado públicamente en contra y han señalado los inconvenientes y las contradicciones de los textos contenidos en el mencionado proyecto de ley".

Las preocupaciones

Los firmantes detallaron nueve preocupaciones por los vicios de forma y de fondo y por el contenido del proyecto de reforma a la salud.

Primero, señalaron que incumple mínimos constitucionales, pues no se ha demostrado un plan con objetivos, metas y recursos claros. "No tiene clara su sostenibilidad. No ha definido la transición que proteja adecuadamente a los pacientes en sus tratamientos y tampoco ha permitido para su definición y discusión una participación ciudadana amplia, transparente y efectiva.

Como segundo punto, se indicó que si se aprueba la reforma a la salud como está hoy, muchos agentes del Estado asumirán las funciones que hoy tienen las EPS, con lo que los usuarios y pacientes tendrían que acudir a muchas instancias que no tienen claras sus nuevas responsabilidades y funciones.

Otras dos preocupaciones son que la reforma elimina la libre elección de dónde ser atendido; y que desaparece el aseguramiento.

La quinta preocupación de los firmantes sobre la reforma es que sin la UPC hay mayor ineficiencia y menor protección financiera. "Si se aprueba la reforma a la salud, ese valor fijo mensual dejará de pertenecer a cada persona y pasará a ser asignado directamente a los más de 25.000 CAP para que atiendan a la población, siempre y cuando el presupuesto les alcance, sin que el acceso sea equitativo y sin garantías de que dicho cambio mejore los indicadores de salud de la población".

Las últimas cuatro tienen que ver con que se arriesga la gestión financiera, hay un mayor riesgo de corrupción, los trabajadores de salud quedan en riesgo y que aún no hay aval fiscal para su sostenibilidad.