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ECONOMÍA

Excongresistas van ganando puja por las pensiones altas

jueves, 24 de enero de 2013
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Andrea Carranza Garzón

Anoche los excongresistas pudieron dormir más tranquilos. El futuro de sus pensiones altas se ve asegurado y apoyado por altos funcionarios frente a la demanda interpuesta al régimen especial del cual hacen parte. Ellos, quienes dominan el club de las pensiones onerosas con casi el 60% del total, van ganando la puja por mantener sus recursos.

Durante la primera audiencia pública al régimen especial para los congresistas, que llevó a cabo la Corte Constitucional, se escucharon distintas voces sobre el sistema pensional que aplica para los funcionarios.

Desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. intervinieron el ministro de Trabajo, la Contralora, el Procurador, el Defensor del Pueblo, los magistrados, los sindicatos y los demandantes, entre otros.

Altos funcionarios como el procurador, Alejandro Ordóñez, y la contralora, Sandra Morelli, alzaron parcialmente su voz en contra de la demanda que busca que a los congresistas que tienen pensiones entre $17 millones y $25 millones se les bajen a $14,7 millones, lo que equivale a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv).

Uno de los principales ‘palos en la rueda’ a la demanda es que esta sería inconstitucional, ya que según el presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas, iría en contra del artículo 48 de la Carta Magna, el cual establece que “en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos”.

“Qué grave que se abriera esa compuerta y no se respetaran los derechos adquiridos. Esto podría afectar otros derechos fundamentales más adelante”, dijo el procurador Ordóñez durante la audiencia. Según el funcionario, por ningún motivo deben dejarse de pagar o se deben reducir las pensiones ya aprobadas.

Sin embargo, el abogado denunciante Germán Calderón, sostiene que su demanda al artículo 17 de la Ley Cuarta de 1992, mediante la cual se ordena un régimen especial de pensiones para los congresistas, tiene fundamentos que prueban que dicho régimen viola el principio de igualdad que promulga la misma Constitución Política.

El panorama inequitativo y desigual en el sistema pensional lo evidencian el Ministerio de Trabajo y de Hacienda. Actualmente, en Colombia, el séptimo país más desigual del mundo según el Banco Mundial (BM), 1.643.053 personas reciben una pensión, de los cuales 1.010.881 pertenecen al Régimen de Prima Media (RPM); más de 56.000 al Régimen de Ahorro Individual (RAI), Y 267.000 más a los regímenes especiales, como el de Ecopetrol, el del Magisterio, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

De los 1,6 millones de pensionados, 1,1 millones de colombianos, o sea, el 68,1% tienen una pensión de menos de dos salarios mínimos, mientras que tan solo 1.032 jubilados tienen pensiones por encima de 25 Smmlv. Es decir, que un 0,1% del total de pensionados recibe mensualmente más de $14.737.500, mientras que el 68,1% recibe cada mes $1.179.000.

De ese 0,1% que recibe las pensiones de más de 25 Smmlv son 600 congresistas, que representan el 58,1% de los 1.032 jubilados con las pensiones más altas. En promedio, los senadores y representantes tienen una mesada pensional de $20.029.368 lo que equivale a 35,3 Smmlv.

Cifras de la Superintendencia Financiera revelan que a noviembre de 2012, de los 1.010.881 colombianos que pertenecen al RPM, 2.496 reciben pensiones de más de 16 Smmlv, es decir, $9.432.000, y de estos, 739 personas son congresistas.

El sistema en sí es muy inequitativo. Bajo el RPM todas las pensiones reciben un subsidio; no obstante, los que tienen aportes más altos salen ganando frente a los otros. Mientras que el 20% de la población más pobre recibe solo el 0,1% de los subsidios, el 20% con más poder adquisitivo recibe el 86,3%, de acuerdo con Rafael Pardo, ministro del Trabajo. Con el Acto Legislativo 01 de 2005 se pretendió corregir las inequidades del sistema, al establecer topes de hasta 25 Smmlv y eliminar regímenes especiales; no obstante, en los últimos años se han vuelto a conceder pensiones a funcionarios del Estado de más de $20 millones, a través de acciones de tutelas, y además los regímenes de transición otorgan beneficios generosos.

De acuerdo con estudios del Ministerio de Hacienda, los sobrecostos pensionales oscilan entre $11,7 billones y $20,1 billones de 2010, para los casos de la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. En caso de extenderse los beneficios al resto de los servidores públicos nacionales, el impacto adicional que se estima sería de hasta $37,1 billones. Para Calderón, si la Corte Constitucional no aprueba la demanda continuaría el “desangre fiscal” por cuenta de las pensiones onerosas, la desigualdad y la inequidad. Según el abogado, el Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon) ha venido liquidando pensiones de forma ilegal, ya que no se respeta el límite de los 25 Smmlv que estableció la reforma constitucional de 2005.

En opinión de Calderón, se deberían revisar las pensiones desde 1992, cuando con el artículo 17 de la Ley Cuarta se vienen asignando. La disposición establece que las pensiones de los representantes y senadores no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, perciban. A pesar de que hay voces que se oponen a la demanda, hay congresistas quienes afirman que continuar con pensiones millonarias no va a ayudar con la desigualdad social, uno de los retos del Gobierno Santos.

“Las pensiones jugosas son un mal mensaje para un país que como Colombia está combatiendo la desigualdad social”, dijo el presidente del Partido Liberal, el representante Simón Gaviria, y agregó que no pueden seguir “intocables”. Hasta el momento, el futuro de las pensiones “jugosas” está en manos de la Corte, la cual debe tener respuesta sobre la demanda en un mes.

La reforma pensional se radicará en marzo
El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, ratificó que la reforma pensional se presentará en marzo, esto no contempla subir las semanas de cotización porque podría reducir la cobertura, ni se subirán la edad de jubilación, según lo afirmó el funcionario. No es viable que la decisión de la Corte Constitucional pueda afectar la reforma pensional, puesto que, esta institución no se puede pronunciar frente a las leyes en trámite que instan en el Congreso, que hasta el momento no tienen la naturaleza de jurídicas y son expectativas de derecho, pero en cuanto a la solución de las pensiones altas se podría definir en el documento final de la reforma pensional.

Las opiniones

Sandra Morelli Rico
Contralora

“Lo que se le pide a la Corte Constitucional es que cuando se vaya a decidir el fallo tenga en cuenta varios aspectos que no tienen que ver sólo con el tope de las pensiones”.

Alfonso Vargas Rincón
Presidente del Concejo de Estado

“Estoy convencido, a partir de la lectura de la carta política, que los representantes de la Asociación de Pensionados del Congreso van a poder dormir tranquilos”.

Alejandro Ordóñez
Procurador

“Las pensiones excepcionales no son la causa de la desfinanciación del sistema, sino, la ineficacia administrativa, e igualmente, la baja cobertura”.

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