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Acemi, el gremio de las EPS respondió a las denuncias de la Contraloría.
En el 2012, la Contraloría inició un proceso para investigar si los pagos que hizo el Fosyga a las EPS en el 2009 correspondían al proceso de reembolsos por servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
Ante esta investigación, la Contraloría General de la República ordenó el embargo de 10 EPS por posible corrupción y Acemi, el gremio de las EPS respondió a las denuncias.
En el comunicado de la agremiación señaló que la Contraloría encontró que el 99% de los recobros hechos al Fosyga en 2009, que ascendieron a 1,8 billones de pesos, cumplieron las normas y fueron debidamente pagados.
Además, señalaron que "solamente sobre el 1% del valor de los recobros analizados, la Contraloría mantuvo su cuestionamiento considerando el concepto de dicha entidad sobre la definición de su inclusión o no en el POS. De estos servicios fue objeto de devolución el 50% y el restante está en controversia en tanto las EPS consideran que tienen el legítimo derecho a su pago".
Asimismo, explican la responsabilidad de las EPS y Adres (Anterior Fosyga). Pues las primeras "tienen el deber de prestar y financiar los servicios que están definidos como plan de beneficios con cargo a la UPC (antes denominado POS)" por los cuales se tiene un cargo fijo (Unidad de pago por capitación), pero la financiación de los No Pos, que no están especificados en la lista, es obligación del Estado a través de la Adres.
En el comunicado, resaltan que en el 2009 no había la suficiente claridad de los servicios Pos y No Pos, como la hay ahora con la creación de Mipres.
Finalmente, aseguran que "Las medidas cautelares decretadas por la Contraloría a través del auto 060 de 2018 son de carácter preventivo y, estamos seguros que, en lo que queda del proceso, las entidades y los representantes legales afectados por la medida continuarán aclarando la pertinencia de los pagos por los servicios".
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