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Energía y medicamentos saldrán más caros para los ecuatorianos
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En respuesta a la imposición de un arancel de 30% a 73 productos ecuatorianos, el gobierno del vecino país incrementó su tasa de seguridad de 30% a 50%
A la ya deteriorada relación comercial entre Colombia y Ecuador, que en los últimos dos años venía reflejando caídas superiores a US$100 millones en la balanza comercial, se sumó la imposición de un arancel que provocará que la energía, los medicamentos y los carros resulten hasta 50% más caros para los ecuatorianos.
Esta guerra arancelaria, que ya completa más de un mes, tiene en jaque una relación comercial que, si bien es superavitaria y ha favorecido a Colombia durante más de 25 años, viene en descenso: la balanza pasó de US$1.279,9 millones a US$1.016,6 millones entre 2023 y 2025.
El impacto del aumento de la tasa de seguridad ecuatoriana, de 30% a 50%, recaerá con mayor fuerza sobre los dos productos más exportados a ese país que, según datos de Analdex, son la energía eléctrica, que solo en 2025 movió US$133,82 millones y representó 7,2% de las ventas externas, y los medicamentos para uso humano, que registraron US$56,69 millones y una participación de 3,1%.
A este listado se suman los vehículos de transporte personal, los azúcares de caña o remolacha y los carburreactores para reactores y turbinas, que el año pasado generaron en conjunto exportaciones totales por US$99,2 millones y un aporte de 5,4%.
Pero la lista no termina ahí, pues también se encarecerán para los ecuatorianos el café sin tostar ni descafeinar, los vehículos de transporte de mercancías, algunas preparaciones capilares, los tejidos de punto y los bombones y caramelos.
Con ese panorama, las consecuencias de un tire y afloje entre los gobiernos de ambos países no solo contraerán aún más el comercio, sino que también afectarán directamente el bolsillo de ecuatorianos y colombianos.
Sobre el impacto de la decisión del Gobierno de Ecuador, Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex, aseguró que el alza en el arancel hace inviable el comercio entre ambas naciones. “Si usted vende un carro en Ecuador, ¿el consumidor estaría dispuesto a pagar 150% del valor del vehículo? Pues claro que no. Entonces, se buscarán proveedores de otros países”.
Por su parte, Gabriel Ibarra Pardo, socio de Ibarra Rimôn, advirtió que la medida es “totalmente irresponsable” y traerá graves consecuencias a ambos lados de la frontera. “Yo creo que esto va a encarecer muchísimo los productos allá, además de que hay relaciones de vieja data y contratos de largo plazo que están en juego. Esto tiene unas consecuencias inconmensurables”, agregó.
Enfatizó que el comercio se va a paralizar porque “¿quién va a poder competir con un arancel del 50%?”
“El arancel de 50% hace imposible el comercio. Si usted vende un carro en Ecuador, ¿el consumidor estaría dispuesto a pagar 150% del valor del carro? Pues claro que no”.
“Yo creo que la decisión de Ecuador va a encarecer muchísimo los productos allá, además de que hay unas relaciones de vieja data y unos contratos de largo plazo que están en juego”.
Aunque la decisión de Ecuador cayó como un balde de agua fría, surgió como respuesta a la medida arancelaria de 30% que el Gobierno colombiano impuso sobre las importaciones de 73 subpartidas de productos ecuatorianos. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador argumentó que Colombia no implementó “medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza”, lo que llevó a incrementar la tasa de seguridad en 20 puntos porcentuales a partir del 1 de marzo.
No obstante, Díaz aseguró que el presidente Daniel Noboa no ha sido claro sobre las acciones que espera de Colombia en materia de seguridad para poner fin a la guerra arancelaria y que sigue sustentando la medida en la situación de la frontera. Sin embargo, “cuando uno habla con nuestras autoridades, lo que dice el ministro de Defensa es que las acciones se están coordinando con la cúpula militar ecuatoriana y que se han realizado operativos que han permitido golpes a los grupos ilegales”.
Ibarra también enfatizó que la medida es “totalmente delirante e irresponsable”, pues no está demostrado cómo este tipo de decisiones pueden combatir el narcotráfico. De hecho, explicó que el arancel de 50% no puede considerarse una tasa, ya que “el concepto de tasa es la remuneración por un servicio que prestan las autoridades, por lo que esto no tiene proporcionalidad”.
Además, aclaró que “en ninguna parte está pactado que los países puedan imponer aranceles por razones de seguridad, porque el arancel no es un arma ni una forma de coacción ni de exigir absolutamente nada distinto”; por el contrario, es un instrumento de política comercial que hace parte de los tratados internacionales y con buena fe.
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