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La visita oficial durará cuatro días y tendrá como propósito concretar el apoyo de Francia a los diálogos, además de analizar el estado del Fondo de la Unión Europea para el postconflicto, propuesta que lidera España desde el año pasado y que busca recursos para financiar la ejecución de los acuerdos de paz en Colombia.
Precisamente, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea abordarán este lunes a petición de España, los avances y estado actual del proceso de paz que adelanta el Gobierno con las Farc, así como la posibilidad de que el bloque apoye la implementación de un eventual acuerdo final.
Según informó la prensa española, el ministro de Exteriores y Cooperación de ese país, José Manuel García-Margallo, “se quiere llamar la atención del Consejo sobre la situación sobre el terreno” y plantear “que la UE, en el caso de que ocurra un acuerdo, acompañe el proceso de paz”, señalaron fuentes diplomáticas.
De igual forma, el primer mandatario colombiano confirmó su participación en la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizará el próximo 28 de enero en Costa Rica. Allí, Ecuador asumirá la Presidencia Pro Témpore del mecanismo.
Durante la semana pasada, el marco de su primera gira diplomática del año, la canciller María Ángela Holguín participó en la Primera Reunión Ministerial del Foro de Celac y China, esperando que el país asiático consolide a la región como un bloque.
En la reunión se aprobó el plan de cooperación del bloque con China para los próximos cinco
años, cuyos ejes abarcan la seguridad política, el comercio, la inversión, las finanzas, la infraestructura, la energía, los recursos, la industria, la agricultura, la ciencia y los intercambios, entre pueblos.
“Es la primera vez que vamos a actuar juntos frente a un tercero (…) estamos aprendiendo que a pesar de las diferencias en modelos económicos y políticos podemos llegar a cosas concretas”, dijo la ministra destacando la importancia del acuerdo para Colombia y para la región.
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Alejandro Castañeda advirtió que la medida podría poner en riesgo la prestación del servicio para 1,3 millones de hogares en Atlántico, Magdalena y La Guajira
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