Mejorar el flujo de recursos y recuperar la confianza de los colombianos en un sistema de salud apaleado por la corrupción y los malos manejos administrativos son algunos de los retos que tiene el recién nombrado ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria.
Su nombramiento no fue bien recibido dentro de algunos gremios que no querían que la cartera quedara en manos de un ingeniero civil con maestría y doctorado en economía. Pese a ello Gaviria llegó dispuesto a demostrar por qué el actual sistema de salud necesita la intervención de un experto en finanzas y no la de un médico.
En su nuevo despacho privado el exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes atendió a Colprensa, para contar cuál es su plan al frente de esta cartera y cómo enfrentará la crisis financiera y de confianza por la que atraviesa el sector de la salud.
¿Alejandro Gaviria le apostará al actual modelo de aseguramiento o se irá por el camino de una reforma radical al sistema, como lo han pedido académicos?
Lo que pasará con el sistema no depende de mis opiniones o caprichos. Aquí hay una política que viene de atrás. Los lineamientos que ha hecho el propio presidente Juan Manuel Santos dicen que el modelo de aseguramiento puede cumplir un papel, pero tampoco lo vamos a defender a ultranza. Ese papel tiene que fortalecerse y estar basado en tres premisas fundamentales: que las EPS van a fortalecerse patrimonialmente, que van a ser gestionadoras del riesgo, y que los recursos de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) van a utilizarse para la prestación del servicio y no para hacer inversiones en otras cosas. En este debate sí quiero llevar una posición personal: no creo en los modelos 100 % estatales. Al país se le olvidó lo que era la realidad antes de la Ley 100 de 1993, lo que pasaba con el Seguro Social, la gran vulnerabilidad de ese sistema a capturas políticas.
Ante las EPS, a usted le tocará dictar el decreto para regularlas. ¿Cuándo tendrá una evaluación de las que pueden seguir funcionando?
Nos vamos a demorar lo que resta de este año; hay plazos que son razonables y el peor de los mundos es acelerarse a sacar algo rápido. Encontré aquí una crisis más grande de la que creí en el régimen subsidiado y eso ha llevado a que seamos más cautelosos. Creo que el decreto de habilitación tiene que permitir que algunas EPS del régimen contributivo, por ejemplo la Nueva EPS, se vayan al régimen subsidiado. Definir esas reglas del juego es clave para ellas, para que esto comience a tener un orden. Me he reunido con el superintendente financiero y, por ejemplo, hemos encontrado que la contabilidad no es completamente clara. Tendremos que esperar todavía; mal haría en acelerarme a sacar cosas que tendrían que echarse para atrás.
El viernes usted radicó ante el Congreso el proyecto de ley de cuentas maestras. ¿Para qué servirá esta ley?
Hay unas platas atajadas en las cuentas maestras, que son las cuentas municipales. Como estos recursos solo se pueden girar para un objetivo específico, queremos liberar esos destinos, para que los recursos atrapados, que suman $1,8 billones en todo el país, puedan utilizarse para las urgencias de la coyuntura; por ejemplo, para sanear las finanzas de la red pública hospitalaria. Este es uno de los temas para solucionar el flujo de recursos y liquidez para el sistema. Se tiene que tramitar por medio de una ley en el Congreso, porque no se puede modificar por decreto el destino de esos recursos. Esperemos que el Congreso le de trámite en un mes y medio.
Además de esta medida ¿qué se hará para que la plata llegue cada mes y sin retrasos a los hospitales?
Caprecom tiene una deuda grande con la red pública hospitalaria. Esta EPS estaba pendiente del segundo tramo de un crédito por $120.000 millones del Gobierno Nacional y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, me dijo que saldrán $60.000 millones adicionales. Los secretarios de salud han estado pendientes de que Caprecom empiece a pagarles y eso va a pasar. El ministerio ha venido trabajando para mejorar otra parte del flujo corriente de recursos en lo no POS. Los dineros que estaban allí no llegaban a las EPS por problemas de glosas. Por ejemplo, que la EPS no pasó a tiempo el recobro para que le giraran la plata y estaba atrapada. Expedimos un decreto que nos permite resolver estas diferencias en las glosas rápidamente. Estos son costos de transacciones en el sistema que se originan en la desconfianza y en los problemas de corrupción del pasado. Cuando se tiene la paranoia de que se están robando la plata, uno tiene que poner un montón de controles, glosas y auditorías que hacen que el flujo de recursos sea imposible. No podemos perder de vista que este es un sector donde hay una crisis de confianza. Hay paranoia, que se originó desde el año pasado y que hay que resolver poco a poco. No todo puede ser a punta de decretos, aquí hay un tema más complejo, que lo podríamos llamar cultural.
Por lo que expone, su administración se centrará en resolver los problemas financieros…
Ese es el enfoque de corto plazo. Hay otros más estructurales de mediano plazo, en los que hemos planteado tres cosas: la primera es la ley estatutaria que permite regular el derecho a la salud y plantear algunos principios generales: vamos a decir claramente que el derecho fundamental a la salud no se agota en el POS, pero esa otra parte del no POS tiene que manejarse de una manera ordenada. El segundo punto es un plan de saneamiento fiscal y financiero para los hospitales; el 42 % tiene un riesgo financiero alto, por eso, vamos a trabajar con el ministerio de Hacienda, para ir ordenando y saneando las deudas del pasado e ir teniendo una especie de derrotero hacia delante. El tercer punto es lo que uno llamaría la agenda de la ley ordinaria, que es distinta a la ley estatutaria. Por ejemplo, el esquema de aseguramiento en los territorios nacionales, en los municipios más pequeños del país no tiene mucho sentido. Una EPS en Vaupés, Amazonas y Vichada no tiene sentido, lo que vamos a hacer es transferirles toda la plata y proponerles a los gobernadores y secretarios de salud que operen regionalmente y que consigan un buen operador que maneje todos los hospitales públicos de esta otra mitad de Colombia.
¿La idea es que haya operadores en esas regiones apartadas, pero que todo se maneje de forma estatal?
Hay que asumir que la prestación de servicios de salud en estas zonas depende de la oferta pública y si uno la maneja bien van a mejorar las condiciones de salud de la población. Hay que asumir que esta intermediación de las EPS en las regiones no funcionó.
Con estos puntos queda claro que su cartera expedirá dos leyes, una estatuaria y otra ordinaria. ¿Cómo será ese proceso?
Sí, la ley estatutaria será presentada en dos semanas. Con respecto a la ordinaria, la Comisión Séptima del senado insiste en presentarla al mismo tiempo que la estatutaria, pero he querido hacer el debate secuencialmente, es decir, dejar la discusión de la ordinaria para el año entrante, porque es una ley muy compleja y la gente querrá redefinir el sistema completamente.
A propósito de redefinir el modelo, ¿esas leyes qué tanto van a cambiar el actual sistema de aseguramiento?
Creo que lo pueden cambiar y reorganizar. ¿Qué tanto?... Es una pregunta que no tiene respuesta, pero creo que habrá cambios de fondo, más grandes de los que se hicieron con los últimos dos grandes esfuerzos, las leyes 1122 y 1438, que se enfocaron en aspectos puntuales de funcionamiento del sistema.
¿Cuál es la ventaja de tener a un economista a cargo de la salud de los colombianos?
Los economistas tenemos en materia de política pública una ventaja comparativa. Quienes no son economistas tienden a mirar las consecuencias inmediatas y los beneficiarios directos de una política pública. Lo que nos enseña la economía es a mirar más allá y ver que las decisiones tienen consecuencias inesperadas, que no solo afectan a los beneficiarios directos, sino a mucha gente más. Si un economista está en un cargo como este, tiene como única guía el bienestar general y el derecho fundamental de la salud bajo unos principios, teniendo en cuenta que los recursos son finitos, y que tiene que haber un orden y una delimitación y alcance de lo que puede hacer frente a una política pública.
