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El nuevo ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció ayer que dentro de dos semanas presentará un proyecto de ley estatutaria que contribuirá a solucionar el problema del sistema.
“Con esta ley se pretende comenzar a dar unos cambios normativos al sistema de salud como en el marco de un acuerdo de que hay una crisis en el sector y que hay que asumir” dijo Gaviria.
El anuncio lo hizo durante su primera intervención en el Congreso, específicamente en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la que se aprobó el acto legislativo que eleva la salud a derecho fundamental.
Lo que busca esta reforma es que quede explícito en el artículo 11 de la Constitución que el derecho a la salud debe ser considerado como fundamental. Con 21 parlamentarios presentes en el recinto de los cuales 15 votaron a favor de la propuesta, el proyecto de acto legislativo dio su primer paso en el Congreso.
El articulado del proyecto reza que “el servicio de salud es responsabilidad indelegable del Estado, no sometido a reglas de rentabilidad” y agrega, “no habrá intermediación financiera en la administración de los recursos de la salud por particulares”.
Esto creó descontento en el ministro de Salud y en el viceministro de Hacienda quienes afirmaron que volver público todo el sistema de salud puede tener un efecto negativo, al punto de ‘estallar’ el sistema, pues según ellos no hay financiación estatal suficiente para atender el requerimiento de la población. Según un funcionario del Gobierno, la salud es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y la Corte Constitucional. “La discusión del modelo debe darse en el marco de una reforma legal, no constitucional”.
Designación de Gaviria preocupa a los gremios
La noticia del nombramiento de Alejandro Gaviria como ministro de Salud es un hecho que genera una “honda preocupación para el cuerpo médico, pues creemos que es imperioso cambiar de rumbo, utilizando una carta de navegación distinta a la puramente economista”. Así lo informaron gremios del sector a través de una carta a la opinión pública, quienes calificaron de “inexplicable” la elección de un ingeniero-economista como jefe de la cartera.
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Según la Andi, una jornada de esta magnitud tendría un impacto semanal de $85.000. Fenalco expresó que sectores como turismo y comercio serían los afectados
