Embajador advierte que Colombia no podría solicitar préstamos internacionales

Colombia enfrenta una etapa compleja en su lucha contra las drogas. El aumento de la siembra de cultivos ilícitos en los últimos años ha puesto en alerta a EE.UU., pues de 336.000 hectáreas de coca que hay en el mundo, 253.000 hectáreas se encuentran en Colombia, es decir, más de 65% están sembradas en el país.

A propósito de esta situación, el embajador de Colombia en EE.UU., Daniel García-Peña, ofreció un balance de lo que ha hecho el país y los retos que enfrenta ante este panorama en la lucha contra el mercado de los narcóticos.

Tras el veredicto, son varios los retos que tiene que afrontar Colombia para recuperar la confianza de su principal socio comercial.

¿Qué tendríamos que hacer para obtener nuevamente la confianza de EE.UU.?

Aún no es claro cuáles serían las medidas que se podrían tomar, porque la ley le otorga al Presidente una gama amplia de posibles medidas punitivas.

Si uno mira la ley, hay una cantidad de cosas que podría hacer, pero no se sabe cuáles de ellas se impondrían.

Si nos descertifican, lo que puede ocurrir, por ejemplo, es que EE.UU. vote en contra de las solicitudes de préstamos de Colombia a la banca multilateral, que recortan programas de asistencia de cooperación.

¿Qué ocurrió en 1996-1997?

El único momento en el cual hubo descertificación en Colombia, que fue en 1996-1997, de esa larga lista, pues realmente no impusieron ninguno de ellos, solamente un programa de US$35 millones en su momento y la quitada de la visa al expresidente Ernesto Samper, que es una decisión más política que cualquier otra cosa.

Ante la descertificación ¿cuáles son las medidas que se adoptarán?

Esa es parte de la realidad que también estamos enfrentando y precisamente tiene que ver con las políticas que en el pasado se han utilizado y que han demostrado ser ineficientes y por no decir fracasadas.

En el pasado, se utilizaba la fumigación aérea, luego se anunciaba en esos años: “erradicamos 50.000 hectáreas, 70.000 hectáreas”, y todos aplaudían, pero si se observa a largo plazo qué significó, en las hectáreas que erradicaban en el Caquetá, la coca se iba para Putumayo, y después la trasladaban para zonas como Nariño.

En el largo plazo, eso simplemente no funcionó. No fue efectivo desde el punto de vista durable y sostenible.

Eso mostró efectos negativos en lo ambiental, en lo social y por eso la Corte Constitucional prohibió esa opción en su momento. Pero quizás lo más grave, eso puso a las comunidades cocaleras o los campesinos, que no son narcotraficantes, que siembran la coca porque desafortunadamente en nuestra historia, con la larga deuda con los campesinos, ellos no tienen alternativas; esas políticas alababan a la fuerza de fumigación.

Lo único que generó es que esas comunidades vieran al Estado como su enemigo y lo enfrentaran. Por eso, eso no funcionó y a causa de ello estamos apostándole a una erradicación permanente, sostenible, con la gente, que no solamente arranquen matas, sino que sustituyan sus economías ilícitas por economías lícitas, lo que a su vez implica la titulación de tierras para que los campesinos sean dueños de sus cultivos, con el fin de que piensen dos veces si van a sembrar coca o no.

¿Se cambiará la estrategia?

Es que ha ido cambiando. Eso no empezó con el gobierno Petro. De hecho, en el primer gobierno de Donald Trump, una comisión bipartidista llegó a la conclusión de que el Plan Colombia había sido muy exitoso en la lucha contrainsurgente, pero que había sido un fracaso en la lucha contra las drogas. Eso lo expresaron ellos. No es un invento nuestro.