El pulso entre Alcalde y Procurador

Era una decisión que muchos vaticinaban, ya se trataba desde hace algunos meses, de una pugna que excedía el plano institucional y estaba ligada a un tema eminentemente político. En el fondo de la destitución del alcalde Gustavo Petro a manos de la Procuraduría,  yace la tensión entre dos modelos de estado que desde hace muchos años han entrado en contradicción en Colombia. 

Vale reseñar, a manera de crítica y de reflexión que le urge a la ciudad, que se trata de dos funcionarios públicos que han cometido innumerables errores. Las promesas de campaña de Petro aún están lejos de materializarse en el plano de la educación, la movilidad, y los servicios públicos. Se debe reconocer porque es una realidad innegable. A su vez, resulta inocultable que las razones que han motivado la decisión de la Procuraduría se alejan de lo disciplinario y tocan lo político, sin que esa institución haya sido dotada para ello. 

Los ataques contra el Alcalde Mayor no han cesado desde su posesión. Primero, el Presidente de la República nombró en un gesto sin antecedentes en la aparente descentralizada democracia de Colombia a Gina Parody como alta consejera para Bogotá. Una decisión tomada sin reparar en que se trababa de una rival inmediata de Petro para llegar a la alcaldía. Una acción que ponía en entredicho la autonomía de la que debía gozar el citado Alcalde para gobernar desde que había sido elegido por los bogotanos. 

Segundo, Miguel Gómez, representante a la Cámara del partido de la Unidad Nacional,  emprendió una campaña para la recolección de firmas para la revocatoria del mandato, sin que hubiera claridad sobre la legalidad de las firmas, y sin poder superar la contradicción de que un número de firmas inferior a los votos que eligieron a Petro, podrían revocarlo. Suena extraño que los argumentos de la centro-derecha coincidan con aquellos de la izquierda más extrema del continente: la recurrencia al constituyente primario para legitimar decisiones de dudosa legitimidad o carácter democrático.     

Y tercero, Petro se dejó atrapar y provocar en un enfrentamiento con el Procurador que con el apoyo del Congreso ha venido ganando poder en Colombia, valga decirlo, en detrimento de la democracia. Con el apoyo de los partidos tradicionales, (como en su primera elección donde paradójicamente obtuvo el apoyo de Petro como legislador del Polo Democrático) Alejandro Ordóñez ha intimidado a un número desconocido de funcionarios públicos, y apoyado en un estado de opinión como en las democracias más débiles, ha venido tomando decisiones sin que sobre él exista control alguno.

Son muchas las dudas que esta destitución deja y lo que resulta aún peor: la ciudad será probablemente la primera damnificada de estas tensiones políticas. En el corto plazo, a Bogotá le espera más caos, mayor inestabilidad y una desconfianza creciente en las instituciones que de un plumazo y por intereses discutibles, pueden permitirse desconocer decisiones elementales de la ciudadanía. Proceso que atenta y debilita la amenazada descentralización en Colombia.