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HACIENDA

"El país necesitará una reforma tributaria estructural", dijo Ocampo, asesor de Petro

lunes, 27 de junio de 2022

Los principales problemas están en el impuesto a la renta de las personas naturales, pero también a múltiples beneficios a sectores empresariales

José Antonio Ocampo es uno de los más opcionados para quedarse con la cartera de hacienda y crédito público. El profesor en la Universidad de Columbia, exministro de esta cartera y excodirector del Banco de la República, compartió sus perspectivas de lo que sería la economía colombiana bajo la administración del presidente electo Gustavo Petro.

En una columna publicada hoy en el diario El Espectador, el economista que recientemente se unió al equipo de asesores económicos de Petro trazó el camino de lo que serían los cuatro puntos principales del nuevo gobierno. La agenda social, el sector agropecuario, la actividad productiva y la sostenibilidad junto con las finanzas públicas fueron los temas que se desarrollaron en el texto.

La desigualdad y la pobreza, dijo, fueron uno de los problemas que llevaron al presidente Petro a la victoria. Entre los argumentos estuvo el retroceso del país en este campo por cuenta del covid y el descontento social -y juvenil- que estuvo notoriamente marcado en las elecciones

El mayor reto del nuevo gobierno, e incluso la razón de ser de su apoyo político, afirmó Ocampo, "es la superación de las desigualdades sociales. Los retos son esencialmente de largo plazo y exigen lograr mayor gasto público social y mayor eficiencia en todos los ámbitos de gobierno, así como un aumento de los ingresos tributarios".

En cuanto a la actividad productiva, la inflación y el sector externo, el exministro aseguró que tiene muchas variables externas que el país no puede controlar ni se sabe cuánto van a durar. Es el caso de la guerra en Ucrania y la posible recesión por la que podría atravesar el mundo en los próximos años.

El país, en el concepto de Ocampo, necesita de políticas de desarrollo productivo más activas. Pues, dice, las que se han puesto en marcha "son todavía modestas y con una fuerte apropiación regional apoyada por los gobiernos locales".

"Eso resalta la necesidad de adoptarlas en forma más firme, y dar un salto en materia de investigación y desarrollo, y un impulso decidido a la banca de desarrollo, para avanzar hacia actividades con mayor contenido tecnológico, productividad en todos los sectores y lograr diversificar significativamente nuestro sector exportador, que sigue dependiendo excesivamente de las exportaciones de petróleo y carbón".

Un tema crítico adicional, agregó, es el apoyo a la pequeña producción, para formalizar las empresas y el empleo, "con políticas más ambiciosas en términos de transferencia de tecnología, financiamiento y apoyo a la comercialización de los productos de las micro y pequeñas empresas".

Para el sector agropecuario, Ocampo cree que es prioritario disminuir la brecha de calidad de vida que hay entre las ciudades y el campo colombiano, uno de los puntos fundamentales del acuerdo de paz con los Pdet. Opina que este no solo se debe concentrar en los municipios afectados por el conflicto sino a todas las zonas rurales del país.

"Esto requiere acceso adecuado a infraestructura en estos territorios, en particular buenas vías terciarias y acceso a agua potable y sistemas de saneamiento, electricidad, telecomunicaciones e internet", dijo.

La investigación y un acceso más fácil a créditos son otros puntos sobre los que el nuevo gobierno va a tener que avanzar. El acuerdo de paz, dijo, exige también acceso adecuado a financiamiento y mejores sistemas de comercialización para los productos campesinos. "En todos estos campos, es esencial promover asociaciones de productores. El apoyo de todos los gremios agropecuarios en estos aspectos también es fundamental, especialmente en el caso de aquellos sectores que tienen un gran número de pequeños productores".

La contribución de Colombia a la agenda ambiental internacional "debe ser también parte esencial de la agenda de desarrollo productivo" y, en ese sentido, no solo de la política ambiental.

Para las finanzas públicas las observaciones fueron más profundas dados los elevados déficits del Gobierno Nacional y de la deuda pública. Pero, por otra parte, dadas las inmensas demandas sociales, "es necesario financiar en forma permanente un mayor gasto público social. Esto significa que el grueso del ajuste deberá hacerse con una reforma tributaria estructural", afirmó.

En ella, habrá que recordar que los recaudos tributarios en el país son inferiores al promedio de América Latina y muy inferiores a los de un país de la OCDE. "En muchos casos las tasas son altas, pero los beneficios tributarios también lo son, lo que significa que la carga tributaria está mal distribuida".

Los principales problemas están en el impuesto a la renta de las personas naturales, pero también a múltiples beneficios a sectores empresariales y, por supuesto, la elevada evasión tributaria, afirmó el académico.

"En el caso de la renta a las personas jurídicas, será necesario eliminar o reducir beneficios sectoriales, y racionalizar los de las zonas francas para concentrarlos en actividades exportadoras. Y se debe restablecer un impuesto al patrimonio de las personas naturales, elevar los impuestos a las emisiones de carbono y crear otros impuestos ambientales", dijo.

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