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El Presidente podrá expedir decretos que no son simples decisiones administrativas, sino que funcionan como verdaderas leyes
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0150 de 2026, mediante el cual declaró la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del país: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Con esta medida, el Presidente podrá expedir decretos que no son simples decisiones administrativas, sino que funcionan como verdaderas leyes. En cambio, otros decretos comunes, como los reglamentarios o ejecutivos, solo sirven para administrar o aplicar la ley, pero no tienen fuerza de ley.
Dentro de los decretos que expedirá el Ejecutivo se espera, como ya lo anticipó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Este gravamen se aplicaría a partir de patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a cerca de $10.400 millones, con una tarifa marginal de 0,6% hasta los 600.000 UVT, umbral que corresponde aproximadamente a $31.424 millones.
Desde comienzos de este siglo, en Colombia se ha declarado la emergencia económica en ocho ocasiones. Sin embargo, solo durante el gobierno de Gustavo Petro, y cuando aún faltan seis meses para que finalice su mandato, esta figura se ha utilizado en cuatro oportunidades, las mismas que se registraron durante los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos y el gobierno de Iván Duque.
La primera emergencia declarada por Petro se dio en 2023, debido a la crítica situación en La Guajira asociada a la llegada del Fenómeno de El Niño. En ese momento, el Presidente anunció medidas en sectores como salud, agricultura, agua potable, energía y educación. No obstante, posteriormente la Corte Constitucional tumbó varios de los decretos expedidos al amparo de esa declaratoria.
La segunda emergencia se decretó en 2025, tras la escalada de violencia registrada en el Catatumbo. En ese caso, la Corte Constitucional volvió a intervenir para determinar cuáles de los decretos expedidos eran viables y guardaban relación directa con la atención de la crisis, y cuáles excedían ese marco.
Luego, otra emergencia económica declarada por Petro estuvo relacionada con el aumento de los casos de fiebre amarilla durante el primer semestre de este año. En ese escenario no se produjo un mayor despliegue de medidas económicas, debido a que los contagios no continuaron en ascenso y la situación logró estabilizarse.
Finalmente, en diciembre del año pasado, y luego de que el Congreso de la República hundió la ley de financiamiento por $16,3 billones, el Gobierno Nacional declaró una emergencia económica con el fin de completar los recursos de un Presupuesto General de la Nación que ya había comenzado desfinanciado. Sin embargo, este año la Corte Constitucional suspendió provisionalmente esa declaratoria mientras adelanta su estudio de fondo, junto con los decretos que fueron expedidos en su desarrollo.
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