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La demandante estimó que no se entregó a Ecopetrol lo que le correspondía de acuerdo con el contrato establecido, es decir, 30% de la producción de crudo que se obtuvo en la etapa de pruebas extensas de producción llevadas a cabo en el periodo de exploración en dicha zona.
La Sala explicó que la sociedad privada, al momento de suscribir el contrato, conoció las cláusulas y las obligaciones y derechos derivados del mismo, por lo que en aplicación del principio de la buena fe debió informar sus inconformidades, solicitar aclaraciones, hacer las salvedades del caso y plantear nuevas fórmulas o el rediseño del contrato o de la oferta para equilibrar la situación que consideraban presentaba irregularidad.
Sin embargo, la empresa guardó silencio y solo hasta cuando Ecopetrol le exigió el cumplimiento de la obligación manifestó su inconformidad y se sustrajo de entregarle el porcentaje que le correspondía.
Dicha actitud, señala el fallo, “deviene contrario a la buena fe contractual que es de carácter objetivo y que exige que la conducta de cada una de las partes en cada etapa contractual (precontractual, contractual y post contractual) consulte y se dirija a satisfacer el interés esperado por su contraparte desde el inicio de la relación negocial”.
Adicionalmente, la entidad privada interpretó unilateralmente las cláusulas del contrato y determinó que la distribución y reembolso del porcentaje correspondiente a Ecopetrol debía hacerse como quedó pactada para la explotación y no para la etapa de pruebas extensas de producción, por ser más favorable a sus intereses.
Señala la Sala que “la ejecución de un determinado contrato o negocio jurídico de carácter estatal, es totalmente inaceptable que el contratista en su calidad de colaborador interprete unilateralmente las cláusulas inicialmente convenidas en perjuicio de los intereses de la administración, pues en esa hipótesis estaría incumpliendo en esencia lo acordado y con ello estaría vulnerando el principio de buena fe objetiva que debe regir todo contrato o negocio jurídico de carácter estatal”.
Por tal razón, se condena a la entidad a pagarle a Ecopetrol el correspondiente a los barriles de petróleo dejados de compensar y que a precios de la época corresponden a más de $6.200 millones.
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La organización mencionó que el proyecto cumple con todas las normativas; por lo cual, consideró necesario que se reactive la exploración
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