Dian busca cárcel para evasores y lo pondrá en Ley de Financiamiento

Poco a poco el nuevo director de la Dian, José Andrés Romero, va destapando sus cartas en materia tributaria para la próxima Ley de Financiamiento. El último anuncio lo hizo ayer en el Foro “Evasión Fiscal ¿Debe ser penalizada?”, elaborado por La República, en el que aseguró que se empezará a penalizar con cárcel a todos los evasores de impuestos en el país.

Esta discusión no es nueva. De hecho, la idea de castigar con pena privativa a todos los contribuyentes que no le cumplen a la autoridad tributaria lleva años rondando los pasillos; sin embargo, a día de hoy solo rige para el contrabando y para los evasores de IVA.

“Es un tema de evolución y madurez del país. En 1997, se empezó con la cárcel para el contrabando y los agentes de retención. Después empezó a regir la cárcel para quienes recaudaban el IVA pero no lo consignaban y, en la Tributaria de 2016, se amplió para los que no cobraban ni IVA ni las retenciones teniendo que hacerlo”, declaró Romero.

A pesar de que no dio detalles sobre cuándo estarían listas las bases de este proyecto, el director de la Dian reveló que sería un proceso gradual en el que la penalización no sería excarcelable en ningún caso si el delito sobrepasa los $1.800 millones.

“Más o menos, si un contribuyente evade $500 millones serían entre uno y tres años de cárcel; si hablamos de $1.500 millones estaríamos entre tres y cinco años de pena; y si se llega a $1.800 millones, lo que equivale a tener la renta líquida de $5.000 millones, las penas serían más duras”, explicó Romero.

Para atacar la problemática de la evasión fiscal, cercana a 38,4% en materia de renta y a 22,4% de IVA, el director de la Dian anunció que pedirá a la Fiscalía General de la Nación un grupo especializado en temas tributarios y aduaneros con el objetivo de agilizar este tipo de procesos.

Aparte de este anuncio, Romero también aseguró que necesitará llevar a cabo tres medidas para poder hacer frente a este flagelo: realizar un relevo generacional de la entidad, modernizarla con la tecnología y establecer normas adicionales en la Ley de Financiamiento para asegurar que los incumplidos paguen a la autoridad tributaria.

“La Dian debería tener, de acuerdo con la Función Pública 17.000 funcionarios para poder cumplir sus funciones pero actualmente tiene 9.623 trabajadores. Incluso, la mayoría de estos están prepensionados (alrededor de 40%) por lo que muy pronto nos podríamos quedar en unos 5.000 empleados. Tenemos la tarea de garantizar ese relevo generacional. No con personas que quieren desangrar al Estado, sino formadas de manera adecuada”, declaró.

Respecto a la implementación de la factura electrónica en el país, reveló que la Dian firmó un acuerdo con Microsoft para poder tener todas las facturas en la nube y garantizar que los servidores de la entidad no van a colapsar.

Adicionalmente, también dijo que habían sellado un acuerdo con el servidor de la implementación de la factura en Chile y en México para tener un proceso de alto nivel.

“La factura electrónica va muy de la mano del tema de la simplificación. Si no es accesible para el pequeño empresario, va a ser un fracaso. Se debe ver como un facilitador, como la nueva manera de hacer negocios en el país”, declaró el director de la entidad.

Juan Guillermo Ruiz -Socio de Posse Herrera Ruiz

El socio de Posse Herrera resaltó que no todo incumplimiento tributario debería considerarse como un delito, debido a que los errores de algunos contribuyentes no resultan de una reflexión maliciosa. “Solo debería establecerse aquella defraudación manifiesta y clara. Los tipos genéricos me parecen peligrosos. Considero que el delito de defraudación fiscal debe estar en la legislación, pero debe ser claro, que evidencie el dolo”, manifestó Juan Guillermo Ruiz.

Francisco Sintura Varela
Presidente de Francisco Sintura Abogados
El presidente de Francisco Sintura Abogados dijo que los contribuyentes obligados a presentar declaración de renta ante la Dian que presenten errores no deberían ser perseguidos por el derecho penal. “La inexactitudes son infracciones administrativas o, en el peor escenario, un acto de falsedad documental. Pero jamás se debe extender la aplicación del Código Penal para hacer responsable al contribuyente de una inexactitud”, opinó el abogado.

Juan Fernando Córdoba
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana
Según Juan Fernando Córdoba, rankings Chambers and Partners, Legal 500 o Latin Lawyers son la evidencia de que los profesionales en Derecho cuentan cada día con más estudios, muchos de ellos en el exterior, lo que hace que sean mejores y que la calidad de sus servicios sea más demandada. “Todas las firmas de abogados que tienen áreas de derecho corporativo, banca y finanzas y litigios logran complementar muy bien con el área de derecho tributario”, explicó Córdoba.