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Efectos de la descertificación.
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A esta situación se sumaría el deterioro de las relaciones bilaterales y también mayores dificultades para acceder a créditos externos
La descertificación de EE.UU. a Colombia aún no es un hecho, pero ya se dimensiona cuál podría ser su impacto: una pérdida estimada de $2 billones, equivalentes a US$453,1 millones.
Según el precandidato presidencial David Luna, de ese monto US$241,7 millones corresponden a asistencia económica y social; US$171 millones se destinan a seguridad, lucha contra el crimen organizado, fortalecimiento de la fuerza pública y combate antidrogas; mientras que US$40,4 millones son para asistencia militar y equipos de entrenamiento.
El excongresista advirtió que una eventual descertificación traería consigo limitaciones o suspensiones en estos apoyos, lo que se traduciría en una reducción de créditos, congelación de activos, sanciones, restricciones comerciales y aumento del riesgo país. Todo ello tendría efectos negativos en el empleo, el turismo y el desarrollo económico.
A esto se sumaría el deterioro de las relaciones bilaterales y mayores dificultades para acceder a créditos externos, en un contexto que Luna califica de crisis fiscal. La decisión de Washington se conocerá antes del 15 de septiembre, lo que implicaría la suspensión de la asistencia económica y militar para el próximo año fiscal en caso de una descertificación.
Los criterios de certificación incluyen el control de rutas de narcotráfico, la incautación de drogas, el enjuiciamiento y extradición de narcotraficantes, el cumplimiento de tratados internacionales como la Convención de Viena, el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la trata de personas y la reducción de cultivos ilícitos y producción de narcóticos.
Luna advirtió que una de las sanciones más severas que EE.UU. podría imponer sería su voto negativo en solicitudes de préstamos ante el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y otras entidades multilaterales, junto con el establecimiento de aranceles más altos o la suspensión de beneficios comerciales.
El precandidato insistió en que Colombia debe reforzar la lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico, así como la cooperación judicial y las extradiciones. Además, subrayó la importancia de una diplomacia activa en Washington para proteger la inversión extranjera, junto con reducir los riesgos que puedan afectar la relación económica, comercial y de defensa entre ambos países.
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