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La Defensoría del Pueblo expuso su preocupación porque cerca de nueve millones de niños, niñas y adolescentes se ven afectados por la parálisis de las actividades de sus docentes, “muchas de cuyas reivindicaciones son más que justas y merecen una respuesta por parte del Estado”.
En este sentido, Otálora Gómez dijo que la Defensoría acompaña a los educadores en varios de sus reclamos, y recordó que es legítimo el derecho a la protesta consagrado en la Constitución Política, pero siempre y cuando se haga conforme a lo establecido en la ley, es decir en la medida en que no desconozcan los derechos fundamentales de los estudiantes.
Por ahora, la Defensoría del Pueblo a través de sus 36 regionales a nivel nacional, continuará realizando el monitoreo al paro en las capitales del país, así como la verificación necesaria para evitar vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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