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La normativa busca otorgarle una “opción privilegiada” a la Agencia Nacional de Tierras al momento de negociar terrenos que estén priorizados por la reforma agraria
Si usted tiene una finca o está pensando en comprar un terreno en áreas rurales, debe indagar primero si ese predio está priorizado entre las tierras que se buscan adquirir con la reforma agraria. De hecho, si está por hacer alguna compraventa debe tener cuidado porque su primer oferente será la Agencia Nacional de Tierras, ANT, de acuerdo al Decreto 033 de 2025, y la circular emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro.
A través de este mecanismo, el Gobierno pretende regular y otorgar una “opción privilegiada de compra” a la ANT, sobre los predios rurales ubicados en municipios priorizados para la reforma agraria.
Además, los propietarios de predios rurales, en dichas en zonas priorizadas, tendrán que notificarle a la ANT antes de realizar cualquier transacción de compraventa. Es decir que antes de vender una finca se debe avisar al Estado.
La medida, le da a la ANT una opción de compra preferencial con un plazo de 15 días hábiles para manifestar su interés, y esto ha generado muchas dudas sobre posibles afectaciones al derecho a la propiedad privada y a la libre disposición de la tierra.
De hecho, en la circular enviada por la Superintendencia se lee que “Los ciudadanos deberán informar a la ANT, previo a iniciar el proceso de escrituración sobre los negocios jurídicos que dispongan o prometan disponer del derecho real de dominio sobre los predios (...) para que dicha entidad pueda ejercer la opción privilegiada de compra”.
“Esto no es más que un nuevo esfuerzo del Gobierno para hacer la reforma agraria a las malas. Esa norma, tal como está, ya se aplica en ciertas instancias”.
“La Agencia Nacional de Tierras puede detener la venta entre particulares y terminar comprando el predio. Es una nueva amenaza a la propiedad privada rural”.
Según la exministra de Agricultura, Cecilia López, la medida no es más que otro intento de hacer la reforma agraria “a las malas”, e incluso aseguró que podría considerarse como una manera de encubrir la expropiación.
“Esta norma ya existe, pero esa tiene limitaciones. Yo no soy abogada, pero esa norma tal como está se aplica en ciertas circunstancias, aunque no se puede generalizar qué es lo que está haciendo la ministra (…) el objeto de la reforma agraria es comprar tierras, pero yo creo que lo que están haciendo, y usando el lenguaje que están usando miembros del gobierno, es quitarles la tierra a los ricos”, explicó López.
Asimismo, desde la CRA indicaron que el modelo financiero presenta inconsistencias y errores, lo que no haría posible su validación
Agregaron que esta decisión podría llegar a costarle más de $3,6 billones al sector productivo, aumentando también carga prestacional de las empresas
Conviandina ha reportado más de 200 puntos con afectaciones a lo largo del trayecto, de los cuales 60 han sido clasificados de alto impacto
