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De acuerdo con la Alcaldía, en 2018 se han presentado 1.600 manifestaciones
Cerca de 1,5 millones de personas sufrieron el impacto en la movilidad a raíz de las protestas estudiantiles del pasado jueves, las cuales dejaron un saldo de 18 estaciones de Transmilenio afectadas, 65 buses vandalizados y daños avaluados en $27 millones.
De acuerdo con el sistema, en lo que va del año se ha incurrido en gastos por $1.500 millones por afectaciones físicas, producto de 163 eventos vandálicos en los que en total 3.300 vehículos han sido afectados.
Si bien esta nueva jornada de movilizaciones convocada por estudiantes de universidades públicas perseguía el propósito de que el Gobierno subsane la crisis presupuestal de las Instituciones de Educación Superior Públicas del país, la cual se estima corresponde a un déficit de $434.874 millones y un desfinanciamiento de $15 billones, las protestas se salieron de control, lo que llevó al Distrito a anunciar medidas de contención.
El alcalde Enrique Peñalosa anunció la creación, de la mano de la Policía, de un grupo de reacción inmediata para atender estos casos, pues de acuerdo con el funcionario, mientras que en un día normal la capital dispone de 1.800 uniformados, para contener las protestas del jueves se emplearon 2.300 policías, por lo que también alertó sobre la necesidad de mayor fuerza pública para la ciudad.
“Respetamos el derecho a la protesta, pero vamos a ser mucho más drásticos y contundentes en el respeto del derecho de miles de ciudadanos que necesitan movilizarse. En Bogotá faltan más de 9.000 policías, esto sumado a que es la ciudad que concentra la mayor parte de las protestas del país”, dijo el alcalde, quien aseguró que en lo que va del año en Bogotá se han presentado alrededor de 1.600 manifestaciones de diferente naturaleza.
En definitiva, actos vandálicos como los que sufrió la sede de RCN Radio, donde policías fueron atacados con bombas incendiarias o ‘molotov’; o agresiones que sufrieron los manifestantes cuando un auto arrolló a un grupo de personas durante la movilización, y cuando cerca de 40 estudiantes se resguardaron del Esmad en un local de Éxito Express en el norte de la ciudad han afectado el sentido de las marchas.
“Creemos que estas situaciones no son orquestadas por estudiantes y profesores, sino que son actos de sabotaje a la movilización”, sostiene Jennifer Pedraza, vocera de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), quien aclara que quienes han convocado a las movilizaciones rechazan “tajantemente cualquier tipo de violencia”.
Para Pedraza, es fundamental que las siguientes movilizaciones se desarrollen de manera pacífica, “para que nos permitan centrar la opinión pública sobre lo más importante: la educación superior pública”.
A las universidades también les cuesta cada día de paro
Otro llamado de atención es el costo que tiene para las universidades públicas el paro estudiantil. Dolly Montoya, rectora de la U. Nacional, solicitó a los estudiantes retomar las clases, pues refirió que cada día de inactividad cuesta a la institución $2.000 millones en funcionamiento. A su vez, recordó que la situación afecta a 508 estudiantes de intercambio, 1.200 profesores ocasionales a quienes deberán cancelar los contratos, 7.000 admitidos para el próximo semestre y 6.000 estudiantes próximos a graduarse.
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