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El más importante, por ahora tiene que ver con la multa por $1.060 millones que impuso la SuperServicios contra el operador.
Un retraso en la recolección de basuras en la ciudad a comienzo de este mes puso al Relleno Sanitario Doña Juana en la mira de las autoridades ambientales y de control, por cuenta de los problemas operativos y financieros de la compañía administradora.
Son cinco actuaciones las que se han abierto este mes en torno al relleno, dejando incluso, sanciones contra la Alcaldía y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y exigencias para evitar nuevos problemas en el relleno.
La más reciente tiene que ver con la multa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos, que responsabilizó al Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, operador del relleno, por las fallas que evidenció en el manejo de los residuos y, en especial, con el derrumbe que se presentó en octubre de 2015.
Esta sanción obliga al operador a pagar $1.060 millones, por el “evidente impacto ambiental”, que puede incluso “poner en riesgo la salud de los habitantes de urbanizaciones aledañas al relleno”, según afirmó el superintendente, José Miguel Mendoza.
“Las irregularidades detectadas tienen un impacto ambiental, al punto que pueden poner en riesgo la salud de los habitantes de urbanizaciones aledañas”.
Esta sanción es importante, si se tiene en cuenta que las utilidades anuales del operador del relleno son de apenas $367 millones, mientras que el pasivo que suma la empresa es de $55.868 millones,
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) también abrió un proceso sancionatorio, esta vez contra la Alcaldía y la Uaesp, por las vulneraciones ambientales, pues se encontró que el operador “sobrepasó 80% de las áreas descubiertas autorizadas en la operación de disposición de residuos en la zona de optimización Fase I”. Así lo indicó Néstor Franco, director de la CAR, quien advirtió también sobre presencia de lixiviados en la segunda fase del relleno. Estos hechos también estuvieron relacionados con el derrumbe de 2015, que dejó expuestas 6.000 toneladas de residuos.
La Contraloría, por su parte, encontró responsables fiscalmente a nueve exdirectivos de la Uaesp, que entre 2008 y 2011 realizaron contratos que, o no tenían nada que ver con la recolección de basuras, o incluían tareas que ya estaban asignadas al operador del relleno, en un fallo de responsabilidad fiscal por $47.425 millones.
La Procuraduría también decidió investigar y pidió a la Alcaldía información detallada con las acciones para mejorar el relleno, la interventoría del contrato y otras acciones judiciales en curso.
Por lo pronto, la única solución que ha planteado la administración Peñalosa para enfrentar una crisis sanitaria en la ciudad es el aumento de tarifas de hasta 31%.
Expropiación y ampliación, las propuestas
Frente a lo que pareciera ser una crisis sanitaria en la ciudad, hay varios escenarios que se han planteado para garantizar el funcionamiento del relleno. El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa señaló la posibilidad de que se extienda el área actual del relleno hacia el municipio vecino de Mondoñedo. Sin embargo, el alcalde descartó la urgencia de hacer esta expansión, porque ya se está pensando en la fase dos y tres, que constaría de 300 hectáreas, aunque no dejó de lado que la administración pueda hacer una expropiación de las viviendas en inmediaciones al relleno Doña Juana.
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