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Para el exdiputado, el anuncio hecho por el mandatario del vecino país no solo desconoce el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos fronterizos y a comprar en cualquier tienda, almacén, supermercado o centro comercial, sino que restringe la posibilidad de adquirir productos que no se encuentran en el gran mercado.
“Estas medidas tienen una buena intención del presidente Nicolás Maduro, pero lamentablemente pareciera que no han sido consultadas y analizadas por conocedores de cómo se vive en la frontera y cuál es el funcionamiento del comercio en esta zona binacional”, manifestó el dirigente de la Alianza Verde.
Para Támara, algunas de las consecuencias que podría traer esta iniciativa, con la que el gobierno venezolano pretende hacerle frente al contrabando, es la alteración de la cultura del intercambio comercial fronterizo que por décadas ha existido en esta zona y que está motivada por el diferencial cambiario, pero que se ha visto afectada en los últimos meses por los severos controles por parte de las autoridades de la vecina nación.
“La costumbre se vuelve norma y es fuente del Derecho Internacional. (Con esta propuesta) se estaría alterando la buena vecindad”, aseguró el dirigente.
Consideró que con estos mercados que propone Venezuela se correría el riesgo de crear un nuevo y variado diferencial de precios en los productos más comercializados, lo que daría lugar a generar más caos que armonía y relaciones estables.
“A este potencial panorama de desorden debemos incluirle las condiciones en que quedan los trabajadores colombianos que laboran en Ureña y San Antonio, entregando su trabajo, pero con desigualdades operacionales para adquirir medios de subsistencia”, sostuvo Támara.
Entre los bienes que serían comercializados a los colombianos en la zona económica especial están alimentos y gasolina. Entre tanto, los almacenes se ubicarían en San Antonio del Táchira, Ureña y en la vía hacia Maicao (Estado Zulia), entre otros puntos, y serían atendidos por el Ejército venezolano.
Según Maduro, la propuesta será presentada a la canciller colombiana María Ángela Holguín.
Además, 15 peajes tendrán un incremento adicional asociado al proceso de normalización constituido en el Decreto 050
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