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Carlos Hernán Rodríguez, contralor general
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Desde 2020, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, identificó irregularidades en proyectos por $71,8 billones
La Contraloría General de la República emitió una alerta nacional sobre problemas en proyectos de infraestructura en Colombia, que afectan acueductos, vías terciarias, puentes y sistemas de recaudo de peajes. Estas dificultades generan un impacto negativo en las comunidades que dependen de estas obras.
Desde 2020, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, identificó irregularidades en proyectos por $71,8 billones. En 2024, 287 alertas destacaron avances físicos menores al programado, suspensiones prolongadas y discrepancias entre avances físicos y financieros.
El programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, orientado a mejorar 33,102 km de vías rurales, registra atrasos significativos. De 2.157 contratos suscritos, 1.124 están sin iniciar, y los plazos se han extendido de siete a 12 meses en lugar de los uno a tres meses previstos. Los departamentos más afectados son Boyacá, Atlántico, Bolívar y Risaralda.
De los $10.9 billones invertidos en proyectos de acueductos y alcantarillados, 64% de las obras han requerido reformulaciones. Esto ha incrementado costos en un 28% y extendido plazos entre dos y cinco años. Algunos proyectos, como los acueductos de Acandí y Río Quito, permanecen incompletos desde 2018.
Más de 200 puentes en el inventario nacional están en estado crítico o extremo. Aunque el Invías asignó $42 mil millones para intervenciones, estos recursos solo alcanzan para 10 estructuras. Además, 30% de los puentes carecen de pólizas de seguro, lo que agrava los riesgos.
El congelamiento de tarifas de peaje establecido por el Decreto 050 de 2023 ha generado obligaciones contractuales de $610.000 millones en 2023 y un estimado de $440.000 millones para 2024. Esta situación podría llevar a la terminación anticipada de contratos y a un impacto fiscal severo.
La Contraloría General recomendó fortalecer los estándares en la planeación y evaluación de proyectos, asignar recursos adecuados para infraestructura prioritaria, mejorar los sistemas de supervisión y revisar las políticas tarifarias de peajes para garantizar ajustes oportunos. Instó al Gobierno Nacional a tomar medidas urgentes para garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de las infraestructuras.
La categoría de agropecuarios, alimentos y bebidas tuvo un peso de 33,1%, mientras que las manufacturas y otros sectores representaron 16,5% y 16,1%, respectivamente
Chuza registra 0,22 m³/s (4% del histórico de marzo), el déficit más extremo del período; con el embalse en 41%, concentra la mayor alerta por abastecimiento
Bruce Mac Master, presidente de la Andi aseguró no es claro como en los resultados de enero se reduce en un punto porcentual la informalidad
