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Carlos Hernán Rodríguez, contralor general
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Desde 2020, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, identificó irregularidades en proyectos por $71,8 billones
La Contraloría General de la República emitió una alerta nacional sobre problemas en proyectos de infraestructura en Colombia, que afectan acueductos, vías terciarias, puentes y sistemas de recaudo de peajes. Estas dificultades generan un impacto negativo en las comunidades que dependen de estas obras.
Desde 2020, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, identificó irregularidades en proyectos por $71,8 billones. En 2024, 287 alertas destacaron avances físicos menores al programado, suspensiones prolongadas y discrepancias entre avances físicos y financieros.
El programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, orientado a mejorar 33,102 km de vías rurales, registra atrasos significativos. De 2.157 contratos suscritos, 1.124 están sin iniciar, y los plazos se han extendido de siete a 12 meses en lugar de los uno a tres meses previstos. Los departamentos más afectados son Boyacá, Atlántico, Bolívar y Risaralda.
De los $10.9 billones invertidos en proyectos de acueductos y alcantarillados, 64% de las obras han requerido reformulaciones. Esto ha incrementado costos en un 28% y extendido plazos entre dos y cinco años. Algunos proyectos, como los acueductos de Acandí y Río Quito, permanecen incompletos desde 2018.
Más de 200 puentes en el inventario nacional están en estado crítico o extremo. Aunque el Invías asignó $42 mil millones para intervenciones, estos recursos solo alcanzan para 10 estructuras. Además, 30% de los puentes carecen de pólizas de seguro, lo que agrava los riesgos.
El congelamiento de tarifas de peaje establecido por el Decreto 050 de 2023 ha generado obligaciones contractuales de $610.000 millones en 2023 y un estimado de $440.000 millones para 2024. Esta situación podría llevar a la terminación anticipada de contratos y a un impacto fiscal severo.
La Contraloría General recomendó fortalecer los estándares en la planeación y evaluación de proyectos, asignar recursos adecuados para infraestructura prioritaria, mejorar los sistemas de supervisión y revisar las políticas tarifarias de peajes para garantizar ajustes oportunos. Instó al Gobierno Nacional a tomar medidas urgentes para garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de las infraestructuras.
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