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Situación presupuestal de las universidades públicas
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Con corte a diciembre de 2024, la deuda conjunta asciende a $8,3 billones. La Universidad Nacional concentra un pasivo de $4,5 billones
La Contraloría General de la República presentó un informe sobre la situación fiscal y presupuestal de algunas de las principales universidades públicas del país, en la que alertó la falta de recursos para garantizar la sostenibilidad de las universidades.
Entre las instituciones con la situación más delicada están la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander. El estudio identificó riesgos financieros que podrían afectar la continuidad de la educación superior pública si no se adoptan medidas oportunas.
Uno de los puntos centrales del informe es el pasivo pensional que registran estas instituciones. Con corte a diciembre de 2024, la deuda conjunta asciende a $8,3 billones. La Universidad Nacional concentra la mayor parte de esta cifra, con un pasivo de $4,5 billones, resultado de los compromisos acumulados con sus pensionados.
Según el análisis, en varias universidades los cálculos actuariales se están haciendo con datos desactualizados, lo que podría generar diferencias significativas frente al valor real de la deuda.
El informe también analiza la estructura de financiación de estos pasivos. En el caso de la Universidad del Valle, la institución debe cubrir 19,9% del valor correspondiente, una carga que no logra compensar con sus ingresos propios.
Otro aspecto evaluado es el crecimiento del valor anual de los puntos salariales asignados al personal docente, conforme al decreto 1279 de 2002. En la Universidad de Antioquia, este valor pasó de $10.364 millones en 2017 a $18.239 millones en 2024, lo que representa un aumento de 76%.
Aunque se han destinado recursos adicionales a las universidades, estos no siempre están dirigidos a cubrir estos incrementos, ya que muchas veces tienen una asignación específica, como la ampliación de cobertura.
La Contraloría también mencionó el impacto del nuevo decreto de formalización laboral (Decreto 391 de 2025), que requeriría un aumento presupuestal de aproximadamente $2,9 billones. A la fecha, no se ha identificado una fuente clara de financiación para este ajuste, lo cual genera incertidumbre sobre su implementación en el corto plazo.
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