Normativa mantiene lineamientos que vienen de 2003 en la cual se permite incidir por encima de los municipios en ciertas obras

Joaquín Mauricio López Bejarano - jlopez@larepublica.com.co

Esta semana el Ministerio de Vivienda expidió el Decreto 1232 del 2020, el cual, entre otras cosas, actualiza la regulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y causó cierto sin sabor en algunos sectores, que dicen que centraliza más el poder y les quita la toma de decisiones a las regiones.

La normativa permite que esta jerarquía desde el Gobierno Central se dé en el marco de 11 definiciones de temas de desarrollo urbano que deben ser tenidos en cuenta por las gobernaciones y los municipios, y si bien expertos dicen que esto solo es aplicable para tres casos de proyectos, como vivienda y acueducto, hay quienes señalan que la letra menuda, y sobre todo, el vacío que tiene la norma de negar expresamente poder usarla en desarrollos como los mineros, abre un boquete de inseguridad para las regiones

Sin embargo, el jefe de esa cartera, Jonathan Malagón, explicó que es un Decreto, “el cual modifica el marco regulatorio de los POT, con el fin de facilitarle el proceso de actualización a más del 85% de los municipios del país”.

El anuncio generó todo tipo de comentarios en redes, pues para muchos no se entendía puntualmente qué pretendía el Decreto, más aún en medio de las demás expediciones que han salido los últimos meses por la pandemia.
Uno de esos puntos tiene que ver con personas en Twitter quienes señalaban que se estaba dando un paso atrás en la descentralización.

De hecho, citaban artículos del Decreto como uno en el que se menciona que “los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos, en ningún caso serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras, o actividades (...)”.

Es decir, que la Nación podría adelantar intervenciones aún por encima de lo que se establece en los POT. No obstante, Gustavo Guerrero Ruiz, director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia (Ceplac), señaló que “esta no es una norma nueva, viene del Decreto 2201 de 2003. Establece y reglamenta una Ley de 1997 de los POT. Se refiere a una figura que es determinante de los planes de ordenamiento, y se trata de decisiones de ‘Superior Jerarquía’ que deben ser respetadas”.

El jurista detalló que precisamente desde 2003, está que el Gobierno puede incidir en la ejecución de proyectos por encima de los POT, solo si estos priman en los intereses de la Nación, y únicamente si tienen que ver con obras de infraestructura vial, servicios públicos, y vivienda (o desarrollo urbano).
“Pero también, el Consejo de Estado aclaró luego de que saliera el Decreto de 2003, que aunque son obras que puede ejecutar directa o indirectamente el Gobierno, prevalecerán sobre los POT. Pero no se pueden involucrar otras categorías como la minería”, agregó Guerrero.

Este último punto, el de minería era uno que preocupaba a ambientalistas, pero se aclaró que el alcance del Decreto no impone proyectos de ese tipo.
Por eso mismo, el ministro Malagón también aclaró que “el Decreto no cambia nada en términos de competencias de los municipios, se respeta por completo su autonomía. Además, no se otorga ninguna facultad nueva al Gobierno Nacional. Lo que hacemos es clarificar procedimientos y contenidos que le generaban problemas a los mismos municipios, alargando los tiempos de la actualización”.

Desde la Federación Nacional de Departamentos expresaron que el decreto 1232 realiza un mejoramiento del procedimiento y contenidos para realizar ajustes al POT en fases como, diagnóstico; formulación; implementación y seguimiento y evaluación. "Precisa la información cartógrafica requerida para el proceso y define los las reglas para la revisión y modificación de los planes de ordenamiento territorial. Logra dar claridad técnica y jurídica sobre cómo proceder en la construcción de la planeación territorial municipal", apuntaron.

Además, añadieron que "es importante decir que este decreto va a ser aplicado solamente por los alcaldes del país por competencia. Aclarando que los análisis al POT deben hacerse teniendo en cuenta el contexto regional", y alertaron que le marco del decreto permite que haya un "proceso participativo y transparente".

Pero pese a estas lecturas positivas, fuentes cercanas a LR dijeron que, las autoridades de control están revisando el Decreto, pues como dijo el abogado Rodrigo Negrete, la norma “sí profundiza la centralización”, haciendo referencia a que el Decreto no es claro sobre las actividades que no pueden primar por encima del POT como la minería, lo que para él “debería dejarse claro”.