Una tutela de tres comunidades frenó la cesión del contrato de esta vía.

Kevin Steven Bohórquez Guevara - kbohoquez@larepublica.com.co

Una acción de tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, y un fallo oficial de la Corte Constitucional, estarían poniendo en vilo la cesión del contrato de la vía de cuarta generación que va desde Popayán a Santander de Quilichao. Tras más de dos meses de discusiones sobre esta situación, y un par de reuniones con las dos comunidades indígenas denunciantes, el negocio que se viene gestando entre el Grupo Solarte y el Fondo Colombia Infrastructure aún no llega a feliz término. La razón: la falta de seguridad jurídica que se vive en el territorio.

Los líos por los que estaría atravesando esta negociación obedecerían a una molestia de las comunidades indígenas ‘La Laguna Siberia’ y ‘Las Mercedes’, resguardos indígenas ubicados en Caldono, Cauca. Se trata de una preocupación que ya lleva un poco más de dos meses en trámite, y la cual se agudizó luego de que la Corte Constitucional emitiera un fallo en el que se le ordenó al Ministerio del Interior garantizar un proceso de consulta previa, que no solo le dé participación a las comunidades, sino también establezca el impacto en los territorios.

Pese a que en este momento dicha cartera viene adelantando esos diálogos, lo cierto es que todo este proceso estaría frenando la cesión del contrato de esta vía, la cual se preveía que tenía que cerrarse en agosto y en la que aún no hay un tiempo de definido para concretarse.

Así lo explicó el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, quien resaltó que “lo que se está haciendo es surtir el trámite de consulta previa (...). Persiste el interés de ellos (Skandia) de tomar el proyecto, sin embargo, se ha visto retrasado en esa cesión por esta situación. Se está trabajando en el tema, pero depende del Ministerio del Interior”.

El funcionario no dio a conocer el monto por el cual se podría definir esa transacción, pues advirtió que es “algo de privados”. No obstante, ratificó que Colombia Infrastructure Partners, administrado entre México Infrastructure Partners y Skandia Latinoamérica, antes Old Mutual, sí sería el más opcionado para quedarse con esa vía.

De solucionarse los líos con las comunidades indígenas, el Ministerio de Transporte estima que en los próximos meses se podría dar la cesión de este contrato. Con esta transacción, el Grupo Solarte, que actualmente tiene una participación de 70% con las empresas Carlos Alberto Solarte Solarte S.A.S. (35%) y Cass Constructores (35%), pasaría sus activos a Colombia Infrastructure Partners, quien ahora estaría encargado del desarrollo del proyecto.

LOS CONTRASTES

  • Manuel GutiérrezViceministro de Infraestructura

    “Lo que se está haciendo es surtir el trámite de consulta previa. Persiste el interés de tomar el proyecto, sin embargo, se ha visto retrasado en esa cesión por esta situación”.

“La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario Nuevo Cauca están en la fase final de la cesión del contrato, lo que permitiría que antes de finalizar el año se dé ese negocio. Este es un proyecto de doble calzada, que ya es considerado un proyecto de país, es muy estratégico para la región y estamos seguros que se logrará la cesión”, explicó Ana Fernanda Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio del Cauca.

Para lograr avanzar en este proceso e iniciar rápidamente el desarrollo del proyecto, el sector empresarial del Cauca estaría, según Muñoz, apoyando el desarrollo de los diálogos y la continuidad de las obras. Esto debido a que ya varios grupos empresariales han mostrado su apoyo para que se saque adelante esta vía, en la que se tiene un estimado de inversión de $2,1 billones, según el Ministerio de Transporte.

Se estima que a partir del inicio de las obras, se tardarán hasta tres años para finalizarlas. Según el Mintransporte, allí se contemplan 77,9 kilómetros de doble calzada, dos peajes, 18 kilómetros de mejoramiento de la calzada sencilla y la construcción de 31 puentes.