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ECONOMÍA “Colombia se metió en este negocio sin tener la institucionalidad minera necesaria”, Jorge Garay
miércoles, 12 de febrero de 2014
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Merian Araujo - maraujo@larepublica.com.co

A meses de una reforma al código minero, el último libro de la Contraloría General de la República (CGR), “Minería en Colombia: Institucionalidad y Territorio, Paradojas y Conflictos”, genera un debate que pone en tela de juicio la institucionalidad del Estado para vigilar, controlar y sacarle provecho a la actividad.

Su director, Luis Jorge Garay, Ph.D en Economía del Instituto Tecnológico de Massachussets, habló con LR sobre las falencias y algunas propuestas que alistan para presentar en el tercer tomo del libro que saldrá en abril.

¿Existe en el Estado una noción sobre los verdaderos impactos de la minería?
En buena parte del mundo, los estados y las sociedades no son suficientemente conscientes de todo ese impacto. Al no ser verdaderamente conscientes de las políticas públicas y regulatorias, no toman las medidas necesarias. Por eso, entre otras razones, la minería debe ser un macrosistema, no solo la producción del mineral y su exportación, sino todo lo que eso conlleva.

¿Cómo está la institución colombiana frente a esa necesidad?
El sistema de la década pasada era una institucionalidad absolutamente débil, muy fragmentada y con poca capacidad técnica. El Estado aún se debe capacitar por las exigencias de este sistema, para hacer una evaluación de los recursos que dispone y de los impactos que implica este desarrollo. Colombia apenas está comenzando a crear una institucionalidad, pero hay un fraccionamiento que lleva a serias perversidades. Nosotros requerimos un verdadero Estado frente a este sistema.

¿Cómo se refleja esa debilidad?
Por ejemplo, en ocho años se aprobaron unos 8.000 títulos, sin la debida fiscalización sobre el impacto que tendrían. Otra muestra es que Colombia no tiene un catastro minero y el Estado no conoce qué hay en los suelos. Y se suma una paradoja: que la regulación de la actividad petrolera, sin idealizarla, y de la minera son totalmente diferentes.

¿Es decir que el Gobierno entró a un gran negocio que no sabía administrar?
Colombia se metió en un negocio sin tener la institucionalidad debida para manejarlo de forma que garantizara la mayor rentabilidad social, económica, ecológica y medioambiental.

Sobre esa paradoja entre la minería y los hidrocarburos, ¿por qué existe si ambas son reguladas por las mismas autoridades?
Hay diferencias regulatorias clave, con elementos fundamentales. En el desarrollo petrolero tenemos una institucionalidad pública y una empresa idónea, con sus fallas, claro, pero con un conocimiento elaborado sobre las riquezas en los suelos.

Entonces, ¿es recomendable que el Estado entre a la minería a través de una empresa estatal?
Ese es un debate que hay que dar. A ultranza no podría decir que es mejor que haya mineras del Estado, pero sí se requieren mejores formas de asociación con las empresas. Colombia sacó hace muchos años a las estatales de esta actividad, pero no se ha retomado el debate para regresar.

¿Qué propuestas hay para mejorar esos temas y cómo hacerlo?
Hay que reconocer la necesidad de una integralidad de los diferentes actores. Estamos en ese proceso de maduración de la propuesta para el tercer tomo. La idea es que haya una institucionalidad compacta y descentralizada, que tenga cierta autonomía del ejecutivo y se caracterice por los pesos y contrapesos de los diferentes intereses. También debe garantizar un efecto transversal de las políticas.

¿Quién estaría al frente de esa institución?
Lo estamos discutiendo, porque creemos que el ideal es una instancia con independencia del ejecutivo, pero que sea estatal.

En cuanto a la renta minera, ¿qué falencias han identificado?
Hemos visto que la tasa efectiva real de las mineras es 13%, mientras que la nominal es alrededor de 33%. Para el tercer libro estamos viendo que esa tasa real podría ser de 8%. Creemos que, al menos, debe doblarse para que sea como la de las empresas de petróleo, que pagan 24%.

¿Usted apoya que haya una nueva reforma tributaria?
Sin la menor duda. Y que haya una depuración de las exenciones, deducciones y tratos preferenciales a las empresas.

II tomo de “Minería en Colombia”
Colombia Minera: Institucionalidad y Territorio, Paradojas y Conflictos, es el segundo tomo de las investigaciones que lleva a cabo un grupo de expertos independientes a la Contraloría. Los estudios comenzaron hace unos 15 meses y han puesto a la vista problemas estructurales de las instituciones que son rectoras, vigilantes y reguladoras de la minería en Colombia. La distribución de las regalías, las tarifas por los pagos de la renta minera, los daños ambientales y el déficit fiscal que han dejado las empresas, son algunos de los temas que se presentan en la serie de libros. La tercera divulgación está programada para abril, mientras que se estima que la última se presentará entre junio y julio de este año.

La opinión

Milton Montoya
Dir. de inv. minero-energéticas, U. del Externado

“El problema no solo pasa por la debilidad institucional, sino por un déficit en el seguimiento a la aplicación de las normas y presencia del Estado”.

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