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Panel 1 Foro CAR Cundinamarca
AMBIENTE

"Colombia debe evaluar si necesita una ley o un decreto para las compensaciones"

miércoles, 14 de octubre de 2026

Panel 1 Foro CAR Cundinamarca

Foto: Xavier Becerra / LR

Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, viceministro de Ambiente, planteó la necesidad de mejorar las reglas y acelerar las inversiones

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La necesidad de reformar las compensaciones ambientales en Colombia, fortalecer la seguridad hídrica y garantizar que las inversiones produzcan resultados verificables centró el primer panel del foro “Gran debate nacional sobre el futuro de las compensaciones ambientales: ¿Cómo devolverle a la naturaleza lo que le quitamos?” de la CAR Cundinamarca.

Representantes de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el Ministerio de Ambiente, WWF Colombia y expertos del sector coincidieron en que el modelo debe responder mejor a las necesidades de los territorios y a los desafíos del cambio climático.

Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, afirmó que la protección de los ecosistemas no puede depender exclusivamente de las normas ni de los recursos financieros, sino que requiere un cambio de comportamiento de la sociedad y una mayor participación de los usuarios del agua.

“Tenemos que empezar a hacer un trabajo como sociedad, y es empezar a sensibilizarnos y concientizarnos de la responsabilidad que tenemos de devolverle al planeta y a los sistemas algo por esos bienes y servicios ambientales que nos prestan”, señaló.

El funcionario sostuvo que la seguridad hídrica no comienza en las tuberías ni en los grifos, sino en los ecosistemas que permiten disponer del recurso. Por ello, invitó a las alcaldías, los acueductos y las empresas a promover acciones de conservación y mejorar la gobernanza de las microcuencas.

Ballesteros advirtió que las intervenciones de restauración pueden fracasar cuando las comunidades no participan en su protección. Como ejemplo, mencionó casos en los que, después de terminar las obras, se retiran cercas y se permite nuevamente el ingreso de ganado a las áreas recuperadas. A su juicio, involucrar a los usuarios del agua en las compensaciones ayudaría a garantizar la permanencia de los resultados.

También defendió que estas obligaciones contribuyan a enfrentar el cambio climático mediante soluciones basadas en la naturaleza, el aprovechamiento de aguas lluvias, la economía circular y el reúso del recurso hídrico.

El Gobierno estudia cambios normativos

Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, planteó que Colombia debe evaluar si necesita una ley o un decreto reglamentario para dar mayor seguridad jurídica a las compensaciones. Incluso propuso estudiar una regulación más amplia sobre la jerarquía de la mitigación.

El funcionario señaló que, al revisar las obligaciones pendientes, encontraron una referencia de 100.000 hectáreas, equivalentes a aproximadamente $5 billones, según lo expuesto durante el panel. Sin embargo, advirtió que las compensaciones no deben limitarse a contabilizar superficies, pues las inversiones tienen que responder a las prioridades de conservación y restauración del país.

Guerrero también destacó la necesidad de agilizar la ejecución de los recursos y anunció que el Ministerio de Ambiente impulsará un régimen especial de tenencia de tierras destinado a la conservación de la biodiversidad.

Territorios y participación

Sofía Rincón Bermúdez, coordinadora regional de Orinoquia de WWF Colombia, señaló que las compensaciones enfrentan dificultades relacionadas con las particularidades territoriales, los tiempos de los trámites y la sostenibilidad de las inversiones. Consideró necesario mejorar la regulación y promover mesas de trabajo que permitan diseñar medidas más pertinentes y costoefectivas.

Por su parte, Ricardo Lozano Picón, exministro de Ambiente, pidió fortalecer la participación de los actores territoriales y las capacidades de las instituciones científicas para producir información climática e hídrica a escala de microcuencas.

Los panelistas coincidieron en que el reto consiste en articular autoridades, empresas y comunidades para que las compensaciones dejen de ser obligaciones formales y se conviertan en herramientas efectivas de recuperación ambiental y protección del agua.

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