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La unión temporal presentará una demanda en lo contencioso administrativo si no prospera la tutela en el Juzgado de Barranquilla
La controversia por el contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con la Unión Temporal Centros Poblados por $1,07 billones parece de nunca acabar.
Tras la decisión del MinTIC de confirmar la caducidad del contrato y ordenar el embargo de la cuentas de la Unión Temporal y de todos sus integrantes, Centros Poblados salió a dar declaraciones públicas para hablar de los avances del proyecto, de la póliza falsa del Banco Itaú, y de la demanda que está pensando en interponer en contra de la Nación.
El apoderado legal de Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, aseguró que “la demanda contenciosa en primer término lo que busca es la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad, esa es la idea principal. Pero la declaratoria de caducidad genera la terminación de los contratos en ejecución y adicionalmente una inhabilidad para celebrar contratos por cinco años; entonces los integrantes de la Unión Temporal tienen derecho a demandar, que se les cancele la utilidad que habrían recibido si les fuera permitido terminar la totalidad de los contratos que están en ejecución y como consecuencia de la caducidad no pueden terminar”.
Pino Ricci no aclaró por cuánto monto sería la demanda, la cual se presentará siempre y cuando el Juzgado Civil de Barranquilla decida declarar improcedente la acción de tutela.
“Los integrantes de la Unión Temporal tienen contratos por $8 billones con el Estado, no pueden demandar por ese monto, pero sí por la utilidad que hubieran recibido si hubieran ejecutado esos contratos. Entonces presentaremos una demanda de nulidad y una indemnización por perjuicios”, dijo el abogado.
Desde Centros Poblados explicaron que presentarán esa demanda porque antes de la caducidad la Unión Temporal había cumplido con las metas establecidas.
“No sigan engañando al país. El contratista no sólo estaba retrasado sino que presentó documentos presuntamente falsificados, eso constituye un delito penal”.
“El proyecto estaba partido en cuatro metas. La primera era entregar todos los documentos de planeación un mes después de firmado el contrato, la siguiente meta era 372 estudios de campo, análisis de cómo llegar a los sitios y hacer las instalaciones, después 2.871 estudios de campo y lo entregamos, decir que Centros Poblados no había cumplido las metas no es cierto, nosotros cumplimos con las tareas plasmadas en el pliego”, precisó Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal.
Al respecto, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, aseveró “no sigan engañando al país”.
“Estábamos en una situación muy grave: el contratista no solo estaba retrasado, sino que descubrimos que presentó documentos presuntamente falsificados, lo cual constituye un delito penal. Ese mismo día, los denuncié ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría”, complementó Abudinen.
Frente a esto, Centros Poblados reiteró que sólo un juez de la República será el encargado de establecer la falsedad o no de la póliza del Banco Itaú.
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