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HACIENDA

Consultores le solicitaron al IDU corregir causas de retraso en las obras de la capital

jueves, 28 de septiembre de 2023

Carta de 23 contratistas por obras en Bogotá

Foto: IDU

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reconoció ayer fallas en la planeación y deficiencias en los estudios y diseños de los contratos

Grupo de 25 consultores relacionados a obras públicas enviaron una carta al director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez Fonseca, para llamar la atención a sobre los procesos sancionatorios que adelanta esa entidad contra empresas “en su mayoría, arbitrarias y, en no pocos casos, ajenas al derecho”, sobre las obras en Bogotá.

En el comunicado se expresa que “es insostenible ejecutar consultorías con el Instituto de Desarrollo Urbano, en procesos que se destacan por falencias en la planeación, estructuración y estimación de tiempos y fases”.

Ayer la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, les ofreció disculpas a los ciudadanos afectados por la demora en las obras y además reconoció que, como “el Distrito tiene un Estatuto de Valorización muy viejo y con reglas ambiguas, le propusimos al Concejo cambiar ese Estatuto de 1987, y le hicimos cinco modificaciones para evitar que las demoras en las obras le vuelvan a suceder a cualquier alcalde”, indicó.

Además, agregó que “solo se podrán contratar obras que cuenten con estudios y diseños definitivos. Increíblemente, el Estatuto de Valorización permitía que se hicieran cálculos de servilleta, al ojo, entonces la gente paga y las obras terminan dos años más tarde”.

Por otro lado, a los 23 participantes de la carta, la alcaldesa les da la razón sobre los factores de fondo que sustentan el riesgo de las obras y las afectaciones a los ciudadanos. Además, se refieren a los terceros que intervienen en la ejecución de los contratos, los cuales son necesarios para la continuidad y cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno.

De acuerdo con los consultores “no es entendible que por presuntos incumplimientos de los consultores se inicien procesos sancionatorios, y que -al mismo tiempo- con base en los productos entregados, la entidad inicie la contratación para la ejecución de las obras sobre los que ellos tratan”.

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