Cancilleres de Colombia y Venezuela pactaron más reuniones políticas

Holguín resaltó que el Gobierno colombiano continúa trabajando y dialogando para que los deportados puedan recuperar las pertenencias que tienen en territorio venezolano, tal y como anunció ayer el Presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Por otro lado, Rodríguez aseguró que la reunión tuvo una conversación franca y recalcó que no es cierto que se hayan hecho agresiones a colombianos. Así mismo, la canciller reveló que hay que trabajar temas como el comercio de cocaína, el contrabando de gasolina y los asaltos a la moneda venezolana.

Al poco tiempo de concluida la reunión en Cartagena, el Santos dijo en alocución presidencial que los deportados cuentan con todo el respaldo del Gobierno Nacional y a su vez resaltó que ha conocido casos en los que las autoridades venezolanas engañaron a residentes colombianos para deportarlos. También recalcó que se está trabajando para que no haya ningún niño sin protección en la frontera.

La situación se agrava no solo por el impacto económico que se presenta en las dos regiones sino por el impacto social que ha generado, donde los derechos de los ciudadanos se han visto vulnerados con la expulsión agresiva por parte del las autoridades Venezuela.

Luis Fernando Ramírez, vicerrector de investigaciones de la Universidad de La Salle, asegura lo primero que debe hacer Colombia es un análisis con lupa de estas medidas que están golpeando a ambos lados de la economía regional. Es decir, tanto de la frontera venezolana como la colombiana los temas de comercio (combustible – electrodoméstico) y exportaciones de carbón son clave.

“Hay que distinguir entre lo que es comercio tradicional de la región vs el control del contrabando, que son dos procesos distinto. En ese aspecto, Colombia se está controlando con la nueva ley pero hay que ir más allá porque esto impacta a las familias, el comercio y más adelante el empleo”, sostiene el académico.

En cuanto a los social, se tratar de distinguir entre los colombianos que tienen los papeles en reglas para vivir en Venezuela y los que no. Allí se entraría a analizar la legislación que para que no haya ilegales en el país.

Sin embargo, hay un tercer punto que puede estar detrás de esta crisis y es lo político. El gobierno venezolano tiene una baja popularidad interna, hay inconformidad con el desabastecimiento, entre otros. Es allí cuando este recurso que apela a la nacionalidad es utilizado por los gobiernos para lograr mayor solidaridad.

El desabastecimiento de gasolina es otro de los temas que preocupa a los habitantes de la región fronteriza. Sin embargo, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, anunció que “se puede suplir la demanda de combustible necesaria para la normalidad de las actividades económicas de la región, pues a siete días de terminar el mes, solo se ha consumido 69,3% del cupo asignado de gasolina”.

Otro sector que empieza a encender las alarmas es el de los transportadores. De acuerdo con la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar), las pérdidas por la crisis fronteriza ascienden a los US$2 millones.

Esto, porque la medida impide la adecuada movilización del transporte terrestre automotor de más de 500 vehículos de carga que transitan en operación de importación y exportación mensualmente.

El presidente Ejecutivo del gremio, Juan Carlos Rodríguez Muñoz, dijo que aunque la medida busca combatir efectivamente el contrabando de productos básicos y de combustible, su extensión por 60 días afectará significativamente a las empresas de transporte que prestan sus servicios de manera legal entre las dos naciones.

De acuerdo con los registros oficiales diariamente se mueve por esta frontera carga desde Colombia a Venezuela por el orden de los US$400.000 lo que significa que en los corrido de la medida, que comenzó el viernes anterior, las pérdidas superan a los US$2 millones, de los cuales el mayor porcentaje corresponde a exportaciones de carbón hacía el vecino país.

Estas cifras están representadas en 6.000 toneladas diarias de carbón que en promedio representan US$350.000 por día, seguido de prendas de vestir con unos US$50.000.

Para el caso de los camiones, Colfecar señala que las pérdidas pueden llegar a los $100 millones diarios si se tiene en cuenta que por concepto de stand by o lucro cesante cada vehículo deja recibir en promedio $50.000 ya que el movimiento automotor por la frontera de transportadores colombianos puede ser de unos 200 en promedio.

Rodríguez, agregó que “esto dará lugar a que los transportadores que se movilizan por esta zona tengan que buscar opciones en otras regiones del país, generando desempleo y afectando aún más las relaciones económicas del sector por la sobre oferta en la prestación del servicio”.

Consejo gremial alerta sobre efectos sociales

El sector empresarial ha manifestado su preocupación por la situación que se presenta en la zona fronteriza y rechaza los actos violentos de los que han sido víctimas. Sostiene que las consecuencias de este cierre van más allá de los efectos económicos derivados de la estrecha relación que guardan las economías de ambos países. El cierre significa partir en dos una sociedad que históricamente se ha comportado como una sola comunidad.

“Consideramos que se necesita concretar un plan de trabajo binacional, con el objetivo de atender la problemática de la frontera con una visión de largo plazo y de sostenibilidad de la región, para una mejor calidad de vida de sus habitantes”.

Empleo para los deportados

El Gobierno Nacional desarrollará en Cúcuta una agenda que contempla la búsqueda de opciones de empleo para la población deportada de Venezuela y alternativas para las personas que se han quedado sin posibilidades de ingreso por el cierre de la frontera.

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el Ministerio de Trabajo, y el Sena cumplirán diversas tareas en la capital nortesantandereana. “Estamos teniendo una cantidad de colombianos que salieron de Venezuela, pero también hay otra población vulnerable que quedó sin ingresos por el cierre de la frontera pero que estaban viviendo en Colombia, entonces tenemos que acompañar a esas dos poblaciones mediante varias acciones”, explicó la directora del DPS, Tatyana Orozco.

Por su parte, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) efectuará una caracterización de la población reunida en todos los albergues mediante tres unidades móviles y los resultados se entregarán el lunes próximo.

Asimismo, el Gobierno tendrá una reunión con empresarios, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalcp), la Cámara de Comercio y la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), para analizar de qué forma pueden emplearse a las personas en situación de vulnerabilidad.

De igual forma, se firmará un convenio entre el Sena y el DPS por $1.000 millones, para apoyar emprendimientos de las personas que quieran montar negocios y se ofertarán 600 vacantes por medio de la Agencia Pública del Sena.