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Una de las principales reformas es que ahora el productor podrá delegar su representación y el otorgamiento de la cédula cafetera
En el inicio del 84 Congreso Nacional Extraordinario de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) decenas de representantes cafeteros asistentes aprobaron por unanimidad los nuevos estatutos de la Federación. El proceso de reforma que contó con la participación de 1.100 personas del gremio y que comenzó en 2013 tiene como una de las principales novedades la inclusión del Código de Ética y Buen Gobierno al articulado de los estatutos.
El proceso que fue regulado por la Comisión de Reforma de Estatutos recogió las propuestas de los caficultores e identificó los temas sobre los cuales debía girar el debate. Una de las principales reformas es que ahora el productor podrá delegar su representación y el otorgamiento de la cédula cafetera, también a su cónyuge, para estimular la equidad de género y la inclusión de la mujer.
Las reuniones ordinarias del Congreso Nacional de Cafeteros podrán ser en un sitio diferente a Bogotá y el requisito para ser miembro de Comité Directivo será ser un caficultor federado con antigüedad igual o superior a tres años. Además, algunas modificaciones alrededor de la participación en elecciones internas.
Pero otros temas también se mantienen. Según Luis Francisco Peñaloza, comisionado por el Comité Santander, se llegó “a la conclusión que los estatutos que ya existían estaban muy bien hechos” por lo que la diferenciación entre caficultores y federados sigue igual, también los requisitos para serlo y la reelección indefinida de los miembros de los comités, entre otros.
Con este resultado, la economía colombiana acumuló un aumento de 2,1% entre enero y septiembre, mientras que, frente al segundo trimestre de 2026, registró una contracción de 0,8%
Además de la renovación, el gremio propuso ampliar la fábrica de Buencafé, construir una planta de descafeinado y montar centrales de transformación
Entre los principales objetivos está llevar el crecimiento de la economía a una tasa cercana a 6% anual y elevar la inversión pública y privada hasta 25% del PIB en 2030