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Hugo Palacios, abogado y socio de Palacios Lleras, apuntó que se deben hacer ajustes institucionales que no impidan toma de decisiones
Hugo Palacios, abogado y socio de Palacios Lleras, mencionó en el foro LR "Racionamiento que acecha" que ante la afirmación de las autoridades de estar relativamente tranquilos frente a la autosuficiencia y el racionamiento del sistema energético, se deben tener en cuenta otros factores como la infraestructura.
"Los ingenieros nos dicen que se deben tener en cuenta otros factores como la infraestructura", apuntó el abogado
A pesar de la serie de proyectos que están comenzando a ser ejecutados, y que el país podría manejar los aumentos de Hidroituango sin que haya un apagón o una afectación en los precios de la energía, frente a esa visión de los planeadores del sistema, Palacios mencionó que la Contraloría ha hecho un buen papel frente al proceso.
"No es posible que se retrase sin que las autoridades de control intervengan, la Contraloría ha hecho todo lo que se debe hacer", especificó.
Sin embargo, como punto clave manifestó que el fallo de la Contraloría crea un riesgo nuevo.
Apuntó que "la ley es clara en decir que cuando hay un fallo de responsabilidad crea varias consecuencias, se produce una inscripción en el boletín de deudores fiscales, es decir, que cualquier autoridad pública que vaya a celebrar un contrato debe consultar ese boletín y no pueden contratar con esas personas de ese boletín y una caducidad de los contratos existente".
Así las cosas, según la jurisprudencia, si hay un fallo debe haber una caducidad de los contratos, por lo que es necesario conseguir un nuevo constructor para Hidroituango.
Y, en ese caso, "el ingreso de un nuevo constructor implicaría un gran retraso para el proyecto. Hay que hacer ajuste institucionales, que no impidan que los árbitros y los jueces tomen las decisiones que consideren mejores, pero que al mismo tiempo que si esas decisiones implican un retraso en el proyecto, que esos retrasos no se produzcan", dijo el abogado.
Para hacer frente a esos riesgos, Palacios especificó que las autoridades colombianas tienen el deber con prevenir esos riesgos, si no se hace, el país entraría en un apagón y los precios de la energía se disparan.
Así, "miembros de la Creg y XM, van a ver la misma situación que los constructores hasta hoy en Hidroituango".
En este sentido, otro proceso de responsabilidad fiscal, pondría al poder ejecutivo y a los reguladores del sistema frente a las cuerdas como consecuencia de no haber tomado las medidas consecuentes frente al problema de generación.
"Si estos riesgos se llegan a materializar, se debe encontrar la solución al problema para no generar un problema sustancial", concluyó Palacios.
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