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Pasivo pensional de la empresa lo asumiría la Nación, según la comisión de coordinadores y ponentes del PND.
La comisión de coordinadores y ponentes del Plan Nacional de Desarrollo acogieron adoptar algunas disposiciones para asegurar la prestación eficiente del servicio de electricidad en el Caribe colombiano.
Entre el paquete de disposiciones está que el Gobierno Nacional asumirá el $1,2 billones de pasivo pensional de Electricaribe, así como la operación de la empresa mientras se realiza la venta. Además, según María del Rosario Guerra, congresista de la República, habrá una sobretasa transitoria por 2 años de $4 por kilovatio consumido para los usuarios de estratos 4, 5 y 6 y usuarios industriales y comerciales a nivel nacional. Esto con el fin de apoyar el financiamiento, el pago de obligaciones, la realización de inversiones y garantizar la continuidad del servicio.
De aprobarse el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso, la Nación estará autorizada para adoptar las medidas necesarias de financiamiento del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por términos superiores a un año y con la reglamentación del Gobierno, según lo estipulado en la Ley.
“Es un esfuerzo que nos incluye a todos para evitar que se apague el Caribe colombiano. Electricaribe fue intervenida desde hace dos años porque la empresa que la manejaba no cumplió con sus responsabilidades y por ello es necesario tener un nuevo operador que garantice eficiencia y calidad”, explicó Rosario Guerra, coordinadora ponente del Plan de Desarrollo.
Efrain Cepeda, senador y miembro de la comisión de coordinadores, aseguró que "la nación asume el pasivo pensional de Electricaribe por 1.2 billones de pesos, lo cual hace factible la pronta llegada de un o unos nuevos operadores que inviertan en mejorar el servicio de energía, además blinda a los trabajadores de la empresa"
La decisión de esta comisión se tomó, según los congresitas, sobre la base de un compromiso de trabajo articulado en la región Caribe para generar una cultura de pago por parte de empresas públicas y ciudadanos.
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