Alerta por corrupción en la administración de dineros para el fomento ganadero

A los escándalos alrededor de los fondos ganaderos no les ha faltado ningún capítulo: corrupción, lavado de activos y hasta apropiación indebida de tierras; presunto delito por el cual el lunes fueron capturados cinco funcionarios del Fondo Ganadero de Córdoba.

Tal ha sido la situación en los últimos años que hoy la operación de estas sociedades comerciales dedicadas al fomento de la actividad ganadera, es incierta.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se enciende la alarma. La Superintendencia de Sociedades, en un informe sobre la situación financiera de los fondos ganaderos, indicó que de los nueve fondos ganaderos activos (los otros siete entraron en proceso de liquidación), cinco tuvieron una variación negativa en sus ingresos operacionales al cierre de 2011: Atlántico (-20,2%), Meta (-9,6%), Magdalena (-5,5%), Santander (-3,09%) y Córdoba (-1,6%).

La discusión sobre la administración de los fondos parafiscales al sector no es nueva, de hecho, el debate se ha alimentado con términos como el desarrollo de la agroindustria y la seguridad de soberanía alimentaria.

Blanca Yolanda Bastidas, gerente (e) del Fondo Ganadero del Tolima, resaltó que cada entidad es independiente, por lo que atribuyó los malos manejos a la administración y no a un vacío de la ley.

“Tendría que hacerse una reforma a la manera como se administren los fondos porque la ley que nos cobija ya está instaurada, sobre esa trabajamos”, dijo, además indicó que “los fondos han venido en decadencia, aunque eso no debería llevar a decidir si se acabará o no con ellos”, afirmó la funcionaria.

“Nosotros nos hemos regido por la misma norma, las mismas leyes y hemos podido sacar adelante los fondos, incluso sin beneficios”, dijo Bastidas.

Contraloría presentará informe sobre fondos nacionales

La corrupción dentro de los fondos ganaderos no es el único problema que atraviesa este sector. El Ministerio de Agricultura reveló el año pasado, luego de una auditoría, que los recursos aportados por los ganaderos al Fondo Nacional del Ganado (FNG) también tenían un manejo indebido.

Los hallazgos sobre los recursos aportados por los productores al Fondo Nacional del Ganado, se ha convertido en el flagelo de los empresarios. Según la investigación del Ministerio, los recursos se desviaban a la intermediación en la compra-venta de la vacuna antiaftosa por la que los ganaderos pagan actualmente un valor de $1.000. Tan solo durante el primer ciclo de vacunación en 2012, que corresponde a un total de 50 millones de vacunas, la entidad gremial ganó por este concepto un total de $4.464 millones. Dichos recursos no han favorecido a los ganaderos del país.

Sin embargo, Fedegan desmintió la cifra y señaló que la empresa auditora nunca hizo presencia en las instalaciones para solicitar información oficial sobre este tema.

El ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, recordó que había planteado el tema luego de notar cierta molestia en algunos gremios.

“En su momento dije que los recursos por parafiscales debían determinarse prioritariamente en lo que más necesitaba el campo, que era asistencia técnica, es decir, investigación aplicada”, dijo.

También celebró que un artículo en la Ley de presupuesto obligue a gremios a presentarle cuentas al Gobierno para que este, a su vez, le haga seguimiento a la manera como se están aplicando esas parafiscalidades.

Por su parte, la Contraloría General de la República, desde su delegación para el sector agropecuario, presentará la próxima semana una publicación titulada ‘La parafiscalidad en el sector agropecuario’, en la que recoge un análisis sobre los informes de auditoría que año a año la entidad está obligada a aplicar sobre los fondos de fomento.

Varios gremios se han pronunciado en esta materia preguntándose por las proporciones entre lo que llega a manos de los campesinos y lo que reciben los empresarios. 

“El más debatido y crítico de todos es el FNG, aunque en general en todos los sectores la situación es compleja porque no existe una democratización de los servicios de cada gremio; los resultados son desastrosos”, explicó Luis Alberto Higuera, contralor delegado para el sector agropecuario.

Específicamente sobre este subsector, Higuera dijo existe una necesidad urgente de reformar la manera en que se administra pues aunque son muchos los aportantes por cada kilo de carne o litro de leche, la retribución en servicios, tanto en calidad como en cantidad, es mínima.

“Los resultados son desastrosos y los hace más preocupantes el hecho de que son organizaciones que manejan recursos casi billonarios”, aseguró.

Tan así que grandes empresarios del sector lechero se han comunicado con el contralor delegado para manifestarle su deseo de independizarse del sector cárnico, porque quienes manejan el ganado no reinvierten en ellos.

“La Corte Constitucional nos pidió analizar los procesos de democratización al interior de esos fondos, a esa solicitud y a la necesidad de los gremios responde nuestro libro”, indicó Luis Alberto Higuera.

El año pasado en el mes de octubre, la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes presentó un proyecto de ley para modificar las normas que determinan la operación de los fondos. El debate quedó aplazado.

“No es tan sencillo como acabar la parafiscalidad, porque este es un modelo importante en la política pública agropecuaria, pero necesita de un modelo de desarrollo rural oficializado en una ley para saber el norte al que se dirige”, concluyó el contralor delegado.

Supersociedades puso control al fondo
La Superintendencia de Sociedades también tomó acciones para ponerle la lupa a las actividades del Fondo Ganadero de Córdoba. La entidad informó que luego de realizar algunas visitas y análisis a los registros de la organización regional, así como a los beneficios generados en la zona de impacto, logró evidenciar “irregularidades en materia de legalización de predios y en la situación económica y administrativa del ente”. Puntualmente, la Superintendencia señaló dos conclusiones: la primera, la organización de Córdoba estaba funcionando como intermediario “para legalizar despojos ilegales de tierra en el Urabá Antioqueño”; y la segunda, el órgano de control explicó que el Fondo no estaba operando como un medio para promover las actividades ganaderas en la región. Evidencia de este último punto “se refleja en el bajo porcentaje de ganado en participación entregado a terceros depositarios en cumplimiento con lo señalado por la ley”.

Demanda contra el Fondo Ganadero
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda en contra del Fondo Ganadero de Córdoba, por más de 4.000 hectáreas de tierra en el Urabá antioqueño, ya que la entidad aparece como uno de los mayores despojadores según los relatos de las víctimas. Las demandas se presentaron contra Alvarado Bracamonte, José Vicente Cantero, Fabián Roldán y Ledys Sierra Flores, quienes están detenidos por delitos de despojo de tierras y desplazamiento forzado. Según las investigaciones efectuadas por la URT, la ‘Casa Castaño’  era la que se encargaba de adueñarse de las tierras y posteriormente repartirlas entre empresas, dentro las cuales se encontraba el Fondo Ganadero de Córdoba, y testaferros de Salvatore Mancuso y Freddy Rendón Herrera alías ‘El Alemán’. Se informó mediante comunicados que el Fondo habría convencido a los campesinos de vender sus tierras informando la compra de 6.000 hectáreas.  

Las opiniones

Rubén Darío Lizarralde
Ministro de Agricultura
“En su momento dije que los recursos debían determinarse prioritariamente en lo que más necesitaba el campo, que era asistencia técnica, es decir, investigación aplicada”.

Blanca Yolanda Bastidas
Gerente encargada del Fondo Nacional Ganadero del tolima
“Tendría que hacerse una reforma a la manera como se administren los fondos porque la ley que nos cobija ya está instaurada, sobre esa trabajamos”.

Luis Alberto Higuera
Contralor delegado del sector agropecuario
“El más debatido y crítico de todos es el Fondo Nacional Ganadero, aunque en general en todos los sectores la situación es compleja porque no existe una democratización de los servicios”.