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HACIENDA

Alcaldes de capitales defienden autonomía territorial y una mayor descentralización

miércoles, 25 de marzo de 2026

Pese a que hasta 60% del PIB proviene de las ciudades, las administraciones locales consideran que las transferencias del Gobierno son insuficientes

Aunque entre 55% y 60% del PIB proviene de las ciudades capitales, las administraciones locales comparten el sentir de que el Gobierno Nacional se ha olvidado de ellas y de que sus transferencias resultan cada vez más insuficientes para atender las necesidades de la población. En el marco de la asamblea general de Asocapitales y del panel 'Ciudades productivas y autónomas', cinco alcaldes de las ciudades con mejor ejecución presupuestal resaltaron la importancia de obtener mayor autonomía territorial y destacaron que una reforma tributaria regional sería viable si les permite acceder a más recursos para potenciar el crecimiento de sus urbes.

Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, fue uno de los primeros en encender las alertas sobre el funcionamiento actual de la relación Nación-Regiones, pues explicó que el sistema de ciudades y de transferencias del Sistema General de Participaciones, SGP, debe cambiar para que "pase lo que pase y gobierne quien gobierne, nos lleguen recursos suficientes para las cosas que tenemos que atender".

Si bien destacó que Manizales alcanzó 94% de recaudo y 96% de ejecución, reconoció que no se alcanzó el nivel máximo por el impacto que generó el contexto macroeconómico en la ejecución de ICA. "Con todo y eso, tenemos 100% de las metas anuales y 50% de las metas de cuatrienio", recalcó Rojas.

A su turno, el alcalde de Mocoa, Carlos Piedrahita, advirtió que el país cuenta con cinco ciudades capitales de sexta categoría, las cuales reciben cerca de $100.000 millones en transferencias del Gobierno. "Mocoa, a pesar de ser una capital, sigue siendo de sexta categoría. Cerca de 80% de mi presupuesto depende de las transferencias de la región", detalló.

Piedrahita indicó que esta situación ha traído una serie de consecuencias para la ciudad, teniendo en cuenta que, aun con un presupuesto total de $120.000 millones, Mocoa debe "asumir las mismas responsabilidades de ciudades como Manizales, Popayán, Bogotá y Cali". Por esa razón, afirmó que "la diferenciación en los territorios en cómo aportar y recaudar recursos debería ser uno de los principales retos. Eso apunta finalmente a la descentralización y a la autonomía territorial".

El caso de pasto no dista mucho de esta realidad. Su alcalde, Nicolás Toro, precisó que Pasto es un ejemplo a nivel nacional, gracias a que recoge casi 100% de la tributación de industria y comercio y predial. No obstante, esos recursos "no nos alcanzan. Son tantos los problemas que no nos alcanza" con todo y que es uno de los municipios más afectos del Gobierno de turno. "Eso no ha significado que haya un gran apoyo desde el Gobierno", dijo Toro.

Sobre este punto, recalcó que el tema de la descentralización no es exactamente una realidad en Colombia. "Los alcaldes estamos sufriendo por la falta de recursos porque lo que tenemos no nos alcanza". Además, aseguró que, aunque la administración local intenta avanzar con nuevos proyectos, los procesos de autorización son tan lentos que "cuando ya se van a ejecutar, uno ya va de salida".

"Es triste. Movemos los municipios para recoger recursos, pero sencillamente no alcanzan y el Gobierno Nacional no apoya", enfatizó Toro.

La misma realidad sacude a Quibdó: el alcalde Rafael Bolaños explicó que, pese a que la ciudad recibe un presupuesto cercano a $500.000 millones, más de 70% se va en educación y nómina. "Dependemos prácticamente de las transferencias. Más de 80% del presupuesto total depende del Gobierno y eso limita la gran necesidad de tener autonomía territorial", precisó.

"La verdadera riqueza de los municipios está en el impuesto predial y también en el ICA, por supuesto. Pero, si la gente no confía en su gobernante, no va a pagar sus impuestos", añadió Bolaños.

Por su parte, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, destacó la rápida recuperación de la ciudad. Cuando recibió la administración, Popayán estaba ad portas de ser embargada porque una de las obras llevaba 30 años sin ser pagada. "Era un municipio totalmente desfinanciado". Aún así, por medio de diferentes mecanismos, incluyendo una amnistía, se le logrí el recaudo de cerca de $90.000 millones con el impuesto predial en un momento en que la meta era de apenas $65.000 millones.

"Popayán lo recibimos con cerca de $90.000 millones de deuda pública y la meta fue buscar cómo mermábamos ese pago de intereses. Lo logramos gracias a Findeter, que nos entregaron cerca de $60.000 millones y, con eso, podemos entregar la noticia al municipio de que Popayán está pagando la mitad de los intereses que estaba pagando", destacó Muñoz.

De cara al futuro, el alcalde de Popayán anunció que buscará entregar entre tres y cuatro empresas para ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE, con el objetivo de que se convierta en la "primera capital en Colombia que va a tener una empresa productora de alimentos para niños, niñas y adolescentes".

Ante la posibilidad de que el próximo Gobierno implemente una reforma tributaria regional, los alcaldes coincidieron en que representaría una oportunidad para incrementar sus esfuerzos de recaudo, obtener más capital y desarrollar proyectos que han dejado en alto por la falta de recursos provenientes del SGP.

Rojas advirtió que un modelo económico más descentralizado y enfocado en la autonomía regional sería razonable con la realidad de que "nadie entiende cómo son las finanzas municipales si no nosotros que tenemos que meternos allá".

Esto se debe a que, por lo menos en el caso de Manizales que tiene un presupuesto de $1,5 billones, de los cuales $400 millones llegan por transferencias del Gobierno, la ciudad no puede hacer nada con esos fondos. "De hecho, la mayoría llega para pagar la salud de cada persona y los maestros", detalló. "Casi $1,1 billones vienen por recursos propios o fuentes especiales, pero que son de esfuerzo propio; es decir, predial, ICA, delineación urbana, sobretasa de gasolina y unos cuantos impuestos más", añadió.

Rojas también advirtió que, precisamente es el esfuerzo de la misma ciudad el que permite responder por lo que la Nación no cubre: salud y calidad de educación. "En Manizales, el PAE supera $25.000 millones, son como $40.000 millones. El Gobierno manda $25.000 y dice 'de malas, si no le alcanzó, no puede dar más raciones'. ¿Qué toca? Sacar de recursos propios", dijo.

Por el contrario, Piedrahita afirmó que, más allá de reformar tributariamente los territorios, se debe buscar que el Gobierno organice cada uno de sus sectores desde el Estado centra. Para lograrlo, postuló que la ley de competencias tiene que convertirse en una realidad acorde con las necesidades de cada región y municipio del país.

"Hoy los territorios no exigimos que se nos den más recursos de SGP, lo que exigimos es que no se nos quite lo poco que se nos tenía garantizado", aseguró, pues destacó que, con ayuda del estatuto tributario actualizado por Mocoa, la ciudad está en el nivel máximo de recaudo y de reformas en materia tributaria, conforme a lo permitido en la ley.

Bolaños trasladó la idea de reforma a incentivos y señaló que deberían efectuarse algunas iniciativas tributarias que estén directamente relacionadas con las potencialidades de las ciudades. Para el caso de Quibdó, detalló que podrían darse en el sector de turismo, con el fin de que más empresas puedan implementar acciones de generación de empleo.

"Una reforma tributaria territorial ayudar muchísimo para que se generaran inversiones que requerimos del sector privado", dijo Bolaños, quien también reconoció que la clave de su funcionamiento sería la distribución de transferencias conforme a las necesidades territoriales, pues "no es solamente tener mayores recursos, sino también tener mayor capacidad institucional para formular y gestionar proyectos".

Muñoz respaldó esta idea y añadió que, en caso de desarrollar una reforma tributaria regional, se deberá propender porque los recursos permanezcan en las regiones. "De lo contrario, no va a servir porque se va a capitalizar y se van a olvidar de los principios de equidad e igualdad". "No hay necesidad de que nos estemos esforzando en recibir el golpe a nivel municipal, sino que necesitamos que, a nivel nacional, se nos devuelvan lo que se están llevando y que no nos quiten lo poco que tenemos", finalizó Toro.

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