Contrabando, el enemigo silencioso en las regiones

En diciembre, cuando se intensifica el comercio en todo el país, el contrabando evidencia su impacto en la economía nacional. Este delito representa una amenaza mayúscula para la actividad económica en Colombia y va más allá del recaudo.

A pesar de los esfuerzos para evitar la entrada y la comercialización de mercancía ilegal en el país, el fenómeno continúa desbordado y afecta la producción nacional, las rentas y los recursos destinados a la atención de programas en salud, educación y deporte, entre otros sectores.

Estimaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -Dian- relacionan cerca de 23.000 operaciones con aprehensión de mercancía de contrabando, por un valor estimado que supera los $500.000 millones, asociadas a distintos sectores de la economía. Sin embargo, esos esfuerzos siguen siendo insuficientes para contener un delito ahora controlado por grupos al margen de la ley, principalmente en regiones fronterizas y portuarias.

Esta conducta es utilizada por organizaciones criminales para el lavado de activos, financiando a grupos armados que atentan contra la seguridad en la regiones. Además de facilitar el ingreso de productos que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos, perjudican el equilibrio de los ecosistemas y sirven de insumos para otras actividades criminales como la minería ilegal, explica la Dian.

Enfrentar el contrabando requiere del trabajo articulado de diferentes instituciones, así como del compromiso de la ciudadanía, pues la corresponsabilidad se vuelve clave para frenar un delito que ha venido mutando y fortaleciéndose con nuevas técnicas.

El contrabando de cigarrillos, cáncer para las regiones

El estudio ‘Incidencia de cigarrillos ilegales en Colombia 2024’ reveló un récord de ilegalidad de cigarrillos en el país. Actualmente, el 36% del consumo corresponde a producto de contrabando, la cifra más alta durante los últimos diez años.

Como consecuencia, se estima que el recaudo se ha visto disminuido unos $5,3 billones en el periodo comprendido entre 2017 y 2024, recursos que han dejado de destinarse a inversión social en las regiones.

El informe reveló que los departamentos más afectados por el comercio de cigarrillos ilegales son La Guajira (87%), César (81%), Magdalena (79%) y Norte de Santander (75%), mientras que en las zonas rurales más de la mitad de los cigarrillos consumidos son ilegales (51%).

Frente a este escenario, se han implementado acciones conjuntas entre los sectores público y privado para combatir el contrabando. Una de ellas es la estrategia Zonas de Comercio Legal, ZCL, que busca formar y reconocer a más de 1.000 tenderos como Embajadores de la Legalidad, promoviendo la venta de productos legales y la formalización del comercio desde los puntos de venta de barrio.

De manera complementaria, durante esta temporada se han reforzado las acciones de prevención y control para frenar la comercialización de productos ilegales. Estos esfuerzos se reflejan en las aprehensiones de productos como cigarrillos y licores. Este último adquiere especial relevancia durante las celebraciones decembrinas y de fin de año, cuando se incrementa el consumo y con ello, los riesgos para la salud de quienes pueden estar expuestos a productos adulterados y de contrabando.