Todas las baterías legales del fraude de Interbolsa están puestas en hacer que se investigue al superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez (1968), con el fin de que lo encuentren inhabilitado para seguir con el caso. De lograrse el objetivo de los abogados, podría venirse a pique la medida de embargo de bienes a los implicados en el proceso, lo que al final perjudica a los inversionistas del fondo.
