Si el 31% de los consumidores admitiesen cometer pequeños robos - aunque sea ocasionalmente - las autoridades se movilizarían. La fiscalización policial y penas serían aumentadas, y se les ofrecería la ayuda a vendedores para su protección. La piratería de software exige una acción contundente: educación coordinada del público y fiscalización vigorosa.
Algunos usuarios aceptan que piratean siempre o con frecuencia. Algunos afirman que lo hacen ocasionalmente o raramente. Tal vez la mayor sorpresa es que grandes ejecutivos a nivel mundial admiten piratear software con mayor frecuencia que otros usuarios de computadoras. En este sentido, el efecto resultado en Colombia representó una cifra de piratería de 53%, que se refiere a los programas de computador instalados en PCs durante el año pasado sin licencia, obteniendo una pérdida en el valor comercial del software pirata, tanto para los desarrolladores como para el país, de US$295 millones.
Así mismo, estudios de BSA indican que existe un fuerte apoyo global a los derechos de propiedad intelectual (PI), por lo menos, teóricamente. En efecto, más de siete en cada 10 usuarios de computador en el mundo declara apoyar derechos y protecciones de PI.
¿Por qué, entonces, tantas personas se arriesgan conscientemente a adquirir software pirata? ¿Por qué apenas el 15% de los usuarios de PCs en Colombia afirman que el riesgo de ser descubiertos es la única razón para evitar la piratería, mientras que el 19% creen que la ilegalidad del acto es un buen motivo para no piratear software?. Obviamente, las autoridades necesitan mejorar la fiscalización y demostrar al mercado más capacidad de acción para seguir en la lucha y reducción de la piratería del país como se ha venido viendo en los últimos cinco años.
La BSA trabaja arduamente para que eso suceda, por esta razón, ha realizado acciones en conjunto con la Dirección Nacional de Derechos de Autor, La Superintendencia de Sociedades y la Dian para generar conciencia en los empresarios sobre la problemática y las consecuencias que trae no solo a los desarrolladores sino al país en general.
Como resultado de este trabajo, desde el 2009 la Dian ha intensificado sus esfuerzos en la revisión de software en las empresas según lo indica la Ley 603 de 2000, por lo que desde esta fecha ha reportado 88 compañías ante la Fiscalía General de la Nación para ser investigadas por el uso ilegal de software.
El impacto de esa actividad ilegal es real y amplio. Los daños a la industria de tecnología y de software son ciertamente significativos, pero existe también un daño al crecimiento económico general y a la creación de empleos en el país. La piratería compromete la seguridad del usuario de computador y desestimula la innovación. Más importante, empresas que cumplen la ley sufren una desventaja competitiva en comparación con las que no la cumplen. Todos son perjudicados cuando se permite la persistencia de la piratería.
La economía digital solo obtendrá todo su potencial si las protecciones legales y de fiscalización para software y otros materiales con derechos autorales se mantienen actualizadas con las innovaciones tecnológicas. En Colombia, aún hay mucho por corregir.
