En lo corrido del año el país ha sido testigo de una avalancha de paros protagonizados en su mayoría por diferentes sectores del eslabón agropecuario.
La oleada de peticiones que ha presentado el sector, reviste para el Estado un desafío que en términos económicos significa la asignación de grandes partidas presupuestales que empiezan a sobrepasar la capacidad fiscal de la nación.
Hoy sale a relucir un Gobierno contra la pared que no le ha quedado de otra que responder a las múltiples solicitudes de subsidios en la medida que se dan las manifestaciones, en vez de revisar los problemas estructurales de los cultivadores, productores, campesinos y empresarios que sin duda están cobijados por una crisis que no se alivia con “pañitos de agua tibia”.
La crisis cafetera, por ejemplo, la peor en las últimas cuatro décadas, hace rato que dejó de ser un problema coyuntural. Si bien la caída en el precio internacional del grano y la revaluación ha golpeado los ingresos de las 550.000 familias cafeteras, no son los únicos y más relevantes. El sector agropecuario debe entender que la adhesión al nuevo contexto mundial implica cambios de fondo en materia de productividad, tecnificación e innovación comercial. Y esa debe ser la tarea de grandes proporciones del Gobierno y privados.
Sin duda, la conducta protestante, acompañada de bloqueo de vías y afectaciones al orden público, lo único que genera, es un mayor deterioro de la economía local.
