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¿Cómo convertirnos en una verdadera despensa alimentaria?

martes, 12 de mayo de 2015
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Rafael Mejía

A pesar de la relevancia que ha adquirido el sector agrícola, hoy somos un país importador de alimentos. Colombia produce alrededor de 31,6 millones de toneladas de alimentos, de las cuales se exporta 4,4 millones e importa 10,3 millones; con un consumo de 37,3 millones de toneladas de las que 27,5% son importadas.

 Desde 1.990 el sector agrario y agroindustrial ha venido registrando un crecimiento anual de solo el 1,5% en producción de alimentos y materias primas. Adicionalmente, las últimas cifras revelan que la inversión en el sector ha disminuido. 

La necesidad de estimular el mercado local, la presión enorme que ejercen los acuerdos comerciales para ampliar los márgenes de ganancia y la falta de certeza en la norma para las inversiones en el campo, me llevan a ratificar la necesidad de construir con el Gobierno una Política Agraria de Estado que permita convertirnos en una verdadera despensa alimentaria.

El agro genera el 62% de los empleos en zona rural, constituyéndose en la principal fuente de ingresos del campo; es por eso que detener su desarrollo es atentar contra la superación de la pobreza. Está demostrado que la población rural pobre termina gastando un mayor porcentaje de ingresos en alimentos, en vez de destinarlo en otros rubros como educación, esto hace que estén condenados a la pobreza. 

Hemos caído en un debate ideológico alrededor de la Unidad Agrícola Familiar, UAF. Las malinterpretaciones a la Ley 160 del 1994, convirtieron a la UAF en una medida de mínimo y máximo condenando a la pobreza a los campesinos y limitando el desarrollo agroindustrial.

En regiones como la Orinoquia, donde la UAF alcanza un aproximado de 1.400 hectáreas, se requiere de economías de escala. Pues se trata de una zona que no tiene suministro de insumos, con atrasos en infraestructura, por ejemplo, los fletes de transporte para llevar el producto a Bogotá son de alrededor del 20% del precio final, sin incluir el flete de transportar la materia prima e insumos y el costo para adecuar el suelo que es de 7 millones por hectárea.

Deberíamos preguntarnos qué es socialmente más responsable, un proyecto de 10 UAF que genera aproximadamente 150 empleos formales de más de un salario mínimo y que beneficia a 150 familias o 10 familias cada una con una UAF con dificultades para producir las tierras. 

Un proyecto que paga impuestos que se pueden revertir en inversión social, investigación y producción de semillas especiales. ¿No es esto más progresista que 10 familias luchando solas contra la pobreza? Los debates ideológicos ponen en riesgo no solo la oportunidad de convertirnos en grandes exportadores, sino nuestra seguridad alimentaria. 

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