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¿Para qué la regla fiscal?

La regla fiscal se creó con el propósito de que la política fiscal fuera predecible y estable. La regla trae consigo unas metas de reducción de déficit, y un sendero de reducción de deuda, que debe actuar como ancla en materia fiscal. La regla fue puesta a prueba a partir de 2014, cuando los ingresos de la Nación cayeron de forma sustancial a causa del menor precio del petróleo. Desde ese momento en adelante, las metas de déficit fiscal contenidas en la regla se han revisado varias veces por año, buscando que el ajuste macroeconómico a la nueva realidad petrolera sea más suave que el contenido original en la regla.  

Este año no es la excepción. A pesar de la reforma tributaria aprobada a finales del año pasado, el déficit fiscal del Gobierno Central este año será más alto de lo esperado. La meta incluida en el plan financiero a comienzos de este año era 3,3% del PIB, sin embargo, tras la aprobación de una adición presupuestal, la meta fue revisada a 3,7% del PIB. 

La reciente meta de déficit, nuevamente es consistente con la regla fiscal. El comité de la regla consideró que, dado que el déficit en cuenta corriente se está cerrando más rápidamente de lo estimado hace un año, hay espacio para un déficit fiscal más alto. Llama la atención, no obstante, que el déficit en cuenta corriente no es un parámetro relevante para la estimación de la meta de déficit de acuerdo con la regla fiscal. 

El propósito de la regla fiscal, en principio, es lograr que el nivel de gasto sea consistente con los ingresos estructurales de la Nación. Lo anterior implica ahorrar en los periodos en que el precio del petróleo supera su nivel estructural, y corregir las desviaciones frente a la meta de déficit en un periodo de dos años. Esto con el fin de garantizar un sendero descendente del déficit fiscal y una reducción en la deuda pública. La regla de hecho contemplaba una meta de deuda de 28% del PIB para 2020.

Se puede argumentar que estas metas eran excesivamente estrictas, y que no es necesario que la deuda se reduzca tan rápidamente. No obstante, la realidad es que el déficit fiscal se ha incrementado de manera sistemática durante los últimos cuatro años, pasando de 2,3% del PIB en 2012 a 4,1% del PIB en 2016. 

Es innegable que la caída en el precio del petróleo representó un choque sin precedentes sobre las finanzas públicas. No solo cayeron los ingresos de la Nación por cuenta de impuestos del sector petrolero y dividendos de Ecopetrol, sino que aumentó el servicio de la deuda como resultado de la depreciación. Sin embargo, el objeto de la regla fiscal debía ser propiciar un ajuste que permitiera que el nivel del gasto fuera consistente con la nueva realidad petrolera. La realidad ha sido otra.

El gasto y el déficit han crecido todos los años, y paralelamente, se ha incrementado la meta de déficit incluida en la regla. La meta de déficit para este año contempla un precio de largo plazo del petróleo de US$73,5 por barril, que dista de las proyecciones internacionales. Esto ha permitido un nivel de déficit dos veces más alto que el contemplado inicialmente en la regla fiscal. La relación deuda/PIB ha ascendido hasta alcanzar 43% del PIB, el nivel más alto en más de 15 años. 

Los resultados fiscales llevan a cuestionar el rol de la regla fiscal. La regla debía darle certidumbre a los inversionistas sobre la política del Gobierno, sin embargo los continuos recálculos evidencian más discrecionalidad de la deseable. Defender la regla fiscal debe ser una prioridad de la política macroeconómica, en particular si se quiere preservar el grado de inversión.