Cumplir o no cumplir

La regla fiscal es una herramienta de disciplina que se impuso el Gobierno en 2010 con el propósito de reducir la incertidumbre en materia de sostenibilidad fiscal. Sirve para que este sea predecible por parte de millones de actores económicos; tenedores de deuda pública y los que serían gravados por sus excesos de gasto. En teoría la regla obliga al Gobierno a ahorrar en periodos de abundancia y a ajustarse en los periodos en que caen los ingresos. 

La regla estableció metas sobre el déficit estructural del gobierno central (ingresos permanentes menos gastos permanentes); y, reduciría la relación deuda/PIB.  De es manera, la regla fiscal limitaría la discrecionalidad del Ministerio de Hacienda en materia de política fiscal. Esto debía blindarlo frente a las aspiraciones de los ministros del gasto. 

Ahora bien, la regla permite incrementos transitorios en el déficit, en función del ciclo energético y el ciclo económico. Esto es, si el precio del petróleo se desvía de su nivel de largo plazo, o si la economía crece por debajo de su nivel potencial, el déficit se puede  incrementar temporalmente. 

El problema radica en el proceso para determinar dichos parámetros “estructurales.” En la más reciente versión del Marco Fiscal de Mediano Plazo se observa que el precio del petróleo estimado como estructural para 2016, con base en el cual se establecen las metas de 2017, asciende a US$74 por barril. El Banco Mundial estima el precio promedio para 2015 - 2020 en US$52, el Fondo Monetario Internacional lo estima en US$53 para el mismo periodo. 

Probablemente ninguno tenga la razón. Nadie sabe donde estará el precio del petróleo en cinco años. Pero hay un sesgo bastante optimista en la estimación del precio de largo plazo para la regla fiscal. 

Las implicación de suponer un precio del petróleo demasiado elevado, es que induce un ajuste lento en las finanzas públicas, al suponer que el choque sobre el precio del petróleo es temporal. Este es un supuesto riesgoso. Como resultado, se concluyó que el déficit fiscal del gobierno central para el año que entra podría ser de hasta 4% del PIB, el más alto desde 2005, y aun así cumplir con la regla fiscal. 

Dada la magnitud de los desequilibrios externos (un déficit en cuenta corriente de 6% del PIB), el subcomité de expertos de la regla fiscal decidió que sería mejor si el déficit en 2017 fuera 3,3% del PIB y 2,7% del PIB en 2018. Después de esto, se volverían a estimar las metas utilizando los parámetros. 

Esto deja un mal sabor sobre sus deliberaciones; sería más transparente utilizar un precio del petróleo de largo plazo más bajo, y consistente con las expectativas del mercado, y usar la meta que se obtiene de usar los parámetros. El resultado ahora es un compromiso de cumplir con una meta más baja que la que se obtiene de la regla que parece difícil de creer. 

Hace un año también se uso un precio estructural altísimo (86), pero el Gobierno se comprometió a que el déficit en 2016 fuera 3,6% del PIB, incluso si la regla daba más margen. Recientemente se aceptó que no se podía cumplir y la meta se cambió a 3,9% del PIB. 

Las reglas pueden ser odiosas, pero permiten saber a que atenernos. La regla fiscal debe reducir la incertidumbre en materia fiscal. Es posible que se hayan trazado metas demasiado estrictas, un déficit de 1% del PIB en 2022 es bajo.  Esto podría revisarse. Pero si no se cumple, o por el contrario, se modifican los parámetros para cumplir siempre, la regla se vuelve inocua y pierde su propósito de ancla fiscal.