Un derecho a futuro después del covid-19

El derecho a una segunda oportunidad se ha convertido en evangelio para los expertos del emprendimiento. Lejos de ser catalogados de irresponsables, se reconoce el valor que un proceso de dificultad económica forja en un emprendedor. Es comprensible que un accidente, recesión económica, o el covid-19 causen retraso en el pago de deudas.

La insolvencia en un mecanismo legal de conciliación para atender retos temporales de liquidez. Suspende procesos judiciales para restructurar deudas corporativas en la ley 1116 y personales con la ley 1564. Al declarar insolvencia, se notifica a los acreedores para definir lo que se puede pagar y lo que se necesita para sobrevivir. Si no se logra acuerdo con más de 50% de las obligaciones, hay liquidación con descargue: se paga lo que se pueda pagar y lo demás se borra. Usualmente es mejor un mal arreglo que un buen pleito, mas de la mitad lo logra.

Antes del covid-19, mas de 10.500 empresas y personas han utilizado el derecho de insolvencia, con la pandemia lo más probable es que se incrementen. El escenario más optimista de Fedesarrollo es que se pierden 1,5 millones de empleos este año, el pesimista es mejor ni mencionarlo. A pesar de una restructuración preventiva de 33% de deuda bancaria en 2020, en enero la cartera morosa pasó de $15 a $20 billones frente al año anterior.

Cuando se reporten datos de mayo, con restricciones de cuarentena, sin duda el deterioro será peor. Ya los ocupados disminuyeron en 1,6 millones en marzo según el Dane. Previendo esto, la SuperSociedades lideró el decreto ley 560 que optimiza el proceso de insolvencia empresarial.

El decreto flexibiliza las condiciones para acceder a la figura, permite alivios tributarios, y faculta a la Dian para condonar deuda. También suspende temporalmente la causal de disolución por pérdidas y ofrece tres herramientas de rescate: capitalización de deudas, alivio de caja, y descargue de deudas. Para capitalizar deudas con eficacia falta flexibilizar la restricción bancaria de inversión en el sector real algo que también facilitaría las daciones en pago. También se debe reglamentar criterios para definir que es deuda sostenible en materia de caja. Finalmente, el descargue requiere definir metodologías para calcular la valoración en “marcha.”

Lo que antes era normal puede que ya no lo sea. También al fortalecer la jerarquía de prelación, la prioridad con la cual se pagan las deudas, se facilita prestar e invertir en empresas que están en insolvencia. Esto no solo debería ser permanente sino extenderse a empresas actualmente en 1116. Lo que hace falta a este excelente decreto es claridad de reglamentación.

A pesar de la modernización en el proceso empresarial, al ciudadano solo le extendieron los plazos en el Decreto 491. Las personas naturales también deberían beneficiarse de beneficios tributarios, condonación de la Dian, y el fortalecimiento de la prelación. Después de ocho años de implementación el procedimiento se puede mejorar también. Por ejemplo, cuando creamos la norma, el gobierno se opuso a que un promotor guiara la persona frente a requisitos, ayudara en la formulación de la propuesta, y le informara sobre procesos exitosos.

La expectativa que una persona en insolvencia contrate esta ayuda simplemente no es realista. Aunque sea temporal para la crisis deberíamos crear promotores y jueces de descongestión para los procesos de insolvencia, un largo procedimiento le hace daño a la gente y sus prestamistas. Hay que respaldar a MinJusticia que en los próximos decretos de emergencia se ayude más a la persona natural.

La insolvencia de una persona natural es traumática. Aunque hay riesgo de posibles abusos frente a estas normas, ya existen en los procesos suficientes salvaguardas. No se puede catalogar de bandida a una persona por el retraso de deuda menos durante el covid-19. En un país donde los guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, y violadores de niños tienen segundas oportunidades, sería bueno que la gente también las tenga.