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Las grandes transformaciones sociales suelen llegar cuando cambia la demografía. Durante décadas diseñamos un Estado para una sociedad joven, pero hoy Colombia envejece: nacen menos niños, vivimos más años y las familias son más pequeñas. Según el Dane, hacia 2050 uno de cada cinco colombianos tendrá más de 65 años.
En pocas décadas habrá menos trabajadores sosteniendo a más adultos mayores. El envejecimiento dejará de ser un dato estadístico para convertirse en un reto fiscal y social del país, mientras seguimos discutiendo políticas pensadas para una realidad de hace treinta años.
La ley protege, con razón, a los hijos: les garantiza alimentos, educación, salud y cuidado. Sin embargo, esa relación prácticamente termina cuando alcanzan la mayoría de edad. Se regula el cuidado en una sola dirección, aunque el ciclo de dependencia suele invertirse. La pregunta es inevitable: ¿debería existir un deber legal de cuidado de los hijos hacia sus padres dependientes?
No es una idea exótica. Varios países han reconocido responsabilidades familiares hacia los adultos mayores. El objetivo no es reemplazar al Estado, sino complementarlo y repartir mejor las cargas del cuidado. Además de responder al principio básico de solidaridad, el cuidado familiar genera beneficios colectivos: menos institucionalización, menos intervenciones evitables del sistema de salud y mayor bienestar. La respuesta no es imponer cargas imposibles, sino crear incentivos inteligentes: reconocer un deber de apoyo según la capacidad económica de cada familia; crear una licencia con protección laboral para cuidar padres dependientes; y otorgar alivios tributarios para la atención domiciliaria, medicamentos, cuidadores o adecuaciones del hogar. Hoy el sistema castiga el cuidado; debería premiarlo.
También debe reconocerse jurídicamente al cuidador familiar. Muchos colombianos, especialmente mujeres, reducen o dejan su trabajo para cuidar a sus padres, un aporte que sigue siendo invisible.
También conviene priorizar la conciliación familiar. Los conflictos entre hermanos sobre quién cuida o quién paga no deberían terminar siempre en despachos judiciales. La mediación puede resolverlos más rápido y con menor costo.
La infancia genera dependencia y justifica obligaciones extraordinarias, pero esta no desaparece: con la longevidad cambia de dirección. Muchos adultos mayores vuelven a necesitar apoyo para vivir con dignidad.
La sostenibilidad del bienestar no depende solo de los impuestos, sino de reconstruir redes de solidaridad. El futuro exige un nuevo pacto: familias responsables, empresas que faciliten el cuidado y un Estado que incentive y complemente ese esfuerzo.
Las próximas generaciones no nos juzgarán solo por cuánto creció la economía; también preguntarán cómo tratamos a quienes nos enseñaron a caminar y caminaron antes por nosotros.
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Durante siglos intentamos predecir el futuro preguntándoles a expertos. Hoy millones de personas empiezan a responder esa misma pregunta poniendo dinero detrás de sus expectativas
