¿Protección o costo?

El salario mínimo en Colombia se discute cada año, como si fuera la llave contra la desigualdad. Pero los datos cuentan otra historia. Según el Dane, solo alrededor del 12 % de los ocupados gana exactamente un salario mínimo, mientras que cerca del 48 % percibe ingresos inferiores, en su mayoría en la informalidad y trabajo por cuenta propia. Una decisión que se presenta como universal impacta de manera directa a una minoría, pero genera efectos macroeconómicos que recaen sobre todos.

Cuando el aumento del salario mínimo se fija muy por encima del equilibrio del mercado laboral y del crecimiento de la productividad, el primer canal de transmisión es la inflación. En Colombia, múltiples componentes de precios están indexados al salario mínimo: tarifas, multas, copagos, transporte y servicios administrativos. Un aumento real desproporcionado termina filtrándose a precios, y los hogares de menores ingresos -que destinan más del 70 % de su gasto a consumo básico- son los primeros en perder poder adquisitivo.

El segundo impacto aparece en las tasas de interés. Un salario mínimo desbordado presiona costos e inflación, obligando al Banco de la República a mantener una política monetaria más restrictiva. El aumento de la inflación encarece el crédito para vivienda y consumo, en especial para las empresas que generan empleo formal. El resultado es una economía con menor inversión y menor empleo.

Ahí entran los sectores clave. Comercio, industria manufacturera, construcción y servicios empresariales concentran más del 65 % del empleo formal. En la industria los salarios y las cargas asociadas representan cerca del 30 % de los costos totales; en comercio y servicios, incluso más. Un aumento abrupto del mínimo reduce márgenes y genera aplazamiento de inversiones.

La cadena de la construcción, responsable de uno de cada cinco nuevos empleos formales en los ciclos de expansión, reacciona con rapidez. Mayores costos laborales elevan los precios de los proyectos y frenan lanzamientos. En vivienda de interés social, donde los márgenes son estrechos, cada aumento de costos reduce la capacidad de cierre financiero de miles de hogares, afectando tanto la demanda como el empleo asociado.

Las pequeñas y medianas empresas, que generan alrededor del 80% del empleo formal, son las más vulnerables. Con productividad estancada crece menos del 1% anual, subir salarios muy por encima de ese ritmo no es justicia social, es una ecuación inviable. El resultado suele ser menos contratación, más informalidad y salarios reales estancados.

A esto se suma la señal a la inversión. En un entorno regional competitivo, un salario mínimo desalineado de la productividad reduce el atractivo relativo del país frente a pares como Perú o México. Menos inversión implica menos capital, y sin capital no hay empleos de calidad que sostengan salarios más altos en el tiempo.

La paradoja es clara: lo que se anuncia como una victoria laboral puede convertirse en un impuesto silencioso contra los más pobres. Un salario mínimo desconectado de productividad y de los equilibrios económicos no eleva el bienestar general, lo erosiona. La verdadera política social es crear las condiciones para que más colombianos accedan a empleo formal, productivo y sostenible.