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Triste recordar que el 2 de noviembre de 2019, el proyecto de POT de Bogotá, después de más de tres años de estudios, beneplácito de autoridades ambientales y participación ciudadana, fue hundido por la Comisión del Plan del Concejo Distrital en un acto politizado. Sábado fatal para el planeamiento y desarrollo de la ciudad.
Conforme a la ley, para volver a construir un POT, deben adelantarse nuevamente todos los trámites obligatorios y superar las talanqueras que no faltan, por lo que un nuevo POT, por vía ordinaria tardará no menos de dos años.
El proyecto de POT hundido contemplaba lo ordenado en el fallo de acción popular del Consejo de Estado que obliga a incluir el Pomca (instrumento ambiental, Plan de Ordenamiento de la Cuenca del río Bogotá) en todos los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de la cuenca, por supuesto incluida Bogotá, obligación cuyo plazo vence el 4 de abril de 2020.
El Tribunal de Cundinamarca, que hace seguimiento para el cumplimiento del fallo que protege el río Bogotá, expidió auto que anulaba la votación negativa de la Comisión del Plan del Concejo. En el momento de la votación en la sesión, la concejal Lucía Bastidas advirtió que, si no se votaba el proyecto de POT, aprobándolo con modificaciones si fuere necesario, se estaría incumpliendo el fallo del Consejo de Estado.
La obligatoriedad de aprobar el POT, al menos en lo atinente a lo ordenado por el Consejo de Estado, hizo que el Tribunal en su auto, so pena de desacato de los concejales, ordenó reabrir la votación en el Concejo. El recurso de reposición interpuesto por ellos fue fallado en primera instancia ratificando la decisión. El recurso de apelación, en enero pasado fue remitido al Consejo de Estado.
Si esta Corte ratifica la decisión del Tribunal de Cundinamarca, la alcaldesa y el Concejo estarán obligadas a cumplirla, por lo tanto, aquella deberá convocar a sesiones al Concejo para que éste estudie nuevamente y vote el proyecto de POT.
Si ello sucede así, la Comisión del Plan del Concejo puede hacer ajustes al proyecto, con el beneplácito de la actual administración, pero siempre respetando lo concertado con las autoridades ambientales. Por este camino, acatando la decisión judicial, la administración y el Concejo podrían de manera expedita aprobar el Plan de Ordenamiento de la ciudad dentro del plazo establecido por el Consejo de Estado, 4 de abril de 2020.
Asimismo, se convierte en una invaluable oportunidad para la alcaldesa López, de incorporar proyectos estratégicos de su plan de gobierno en el POT y que hoy no están en el que se encuentra vigente (Decreto 190 de 2004). Entre otros, la extensión del metro a Suba y Engativá, los proyectos férreos del norte y el sur, los sistemas de cables, sistemas de transporte masivo abiertos a cualquier tecnología, los nodos de equipamientos multiuso, la apuesta de la renovación urbana (revitalización), el esquema de gestión de residuos sólidos, la integración regional y la consolidación de la ruralidad bogotana, que en su mayoría estaban contemplados en el proyecto hundido.
Con la decisión en trámite del Consejo de Estado y lo antes analizado, podríamos abrigar nuevo POT en próximos días, de lo contrario, probablemente lo tendremos en dos años.
