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El 18 de diciembre pasado, ante la negativa del Congreso, el Gobierno mediante Decreto estableció el Presupuesto General de la Nación para el periodo fiscal 2025, por un monto de $523 billones. Días después, recortó dicho Presupuesto con el Decreto 0069 de 2025, expedido esta semana.
El último Decreto aplaza apropiaciones de proyectos estratégicos en diversas regiones del país. En particular, se suspendieron: $770.309 millones para la Línea 1 del Metro de Bogotá, el proyecto más importante de infraestructura del país; $328.532 millones para la troncal de la calle 13 de TransMilenio de Bogotá; $345.735 millones para el Regiotram de Occidente, transporte férreo masivo de la región, liderado por Cundinamarca; además, $497.630 millones para el Metro Ligero de Medellín, esencial para el Valle de Aburrá. Estas medidas podrían ocasionar la suspensión de pagos de los aportes de la nación comprometidos en sendos contratos.
Decisiones que tienen graves implicaciones para la infraestructura y la movilidad, además de socavar la confianza de los inversionistas. Es pertinente señalar la falta de concertación en estas decisiones tomadas de manera unilateral, considerando que el avance de estos proyectos se encuentra en cronograma, lo que correspondería a las únicas razones legales para aplazar las vigencias futuras. Por tanto, el Decreto podría ser ilegal o inaplicable.
La seguridad jurídica es esencial en una democracia, pues garantiza estabilidad y previsibilidad, permitiendo a ciudadanos y entidades planificar con confianza. La emisión de decretos que modifican abruptamente el marco normativo o las obligaciones contractuales genera incertidumbre y afecta la confianza en las relaciones contractuales. Es fundamental que las actuaciones gubernamentales se realicen con apego a los principios de legalidad y transparencia.
Estas medidas afectan directamente a la población más necesitada. Por ello, las administraciones locales han señalado lo absurdo de las decisiones. El alcalde Galán recalcó que la consolidación de acuerdos entre el Distrito y la Nación es crucial para evitar incertidumbres que afecten los proyectos estratégicos; Bogotá no renunciará a su crecimiento económico y mejora social. Las obras de transporte y de impacto social corresponden a un esfuerzo colectivo que debe salir adelante con acuerdos y soluciones conjuntas.
Por otra parte, el mismo Decreto incluyó dos recortes de gran preocupación: $785.169 millones al Ministerio de Defensa, en momentos de gran inseguridad y crecimiento de actividades ilícitas; y $600.000 millones al Consejo Nacional Electoral, necesarios para preparar elecciones democráticas en el año venidero. Medidas que contravienen mandato constitucional en seguridad y participación pacífica electoral.
En resumen, el Decreto 0069 de 2025 introduce recortes presupuestales que afectan proyectos de infraestructura clave, la seguridad y la democracia, generando incertidumbre y poniendo en riesgo el progreso y la estabilidad del país.
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